Tal vez no necesitamos café jamaiquino en pleno invierno estadounidense.
- PFAS on our shelves and in our bodies
- Fractured
- Exposed: BPA science
- Agents of Change
- Cutting edge of science
- Climate catastrophe in the South
- Cancer risk in Pittsburgh
- PFAS contamination
- Breathless: Childhood asthma
- Peak Pig: The soul of rural America
- Sacred Water
- Winged Warnings
- Pollution, Poverty, People of Color
EHN en Español
Últimas noticias sobre la salud ambiental, cambio climático y el planeta Tierra, ahora en español
EHN TE RECOMIENDA
Últimas noticias del mundo
Más noticias de EHN
En promedio, la reducción fue de entre el 25 y el 30%, y alcanzó hasta un 43% después de que los investigadores excluyeran a las participantes que no siguieron de manera estricta una dieta de productos exclusivamente orgánicos.
El glifosato, el principal ingrediente activo del herbicida RoundUp, es el pesticida más utilizado en la agricultura en Estados Unidos. El 80% de los estadounidenses tienen niveles detectables del químicos en su orina. La exposición al glifosato podría representar un riesgo particularmente grave durante el embarazo, pues investigaciones previas lo han relacionado como nacimientos prematuros y bajo peso al nacer – ambas relacionadas con una mayor mortalidad infantil y una probabilidad más elevada de desarrollar una serie de enfermedades a lo largo de la vida.
“Para la mayoría de quienes viven lejos de tierras agrícolas, consumir una dieta orgánica puede reducir la exposición al glifosato de manera inmediata y significativa”, le dijo a Environmental Health News (EHN) Cynthia Curl, autora principal del estudio y directora del Agricultural Health Lab en la Universidad Estatal de Boise.
Este ensayo también está disponible en inglés
Pero hay un problema. El estudio estaba dividido en dos grupos: mujeres urbanas que viven lejos de las tierras de cultivo y mujeres rurales que viven cerca de ellas, a menudo tan cerca como al otro lado de la calle. Para las participantes rurales, la riega de glifosato en los campos vecinos eliminó cualquier beneficio que pudiera tener una dieta orgánica. “Eso me sorprendió muchísimo”, dijo Curl. “Realmente no hubo diferencia alguna en la exposición en función de la dieta para las mujeres que vivían muy cerca de campos agrícolas”.
En un comentario sobre el nuevo estudio, Alison Connolly, una investigadora de exposición a pesticidas del University College de Dublín, en Irlanda, y Holger Koch, toxicólogo de la Universidad alemana de Ruhr Bochum, señalaron que para las mujeres urbanas, las fuentes de exposición durante la semana orgánica siguen siendo desconocidas. Las participantes pudieron haber comido alimentos no orgánicos o haberse visto expuestas a residuos de glifosato en los alimentos orgánicos u otras fuentes, especularon. Esto, Connolly y Koch escribieron, “sugiere que evitar la exposición es todo un reto, incluso en las condiciones más ideales”.
Dietas orgánicas para las personas embarazadas
Para el estudio, Curl y sus colaboradores analizaron muestras diarias de orina de 40 mujeres embarazadas que viven en partes urbanas y rurales de Idaho. Cada mujer comió una semana de forma convencional y una semana de una dieta orgánica. Este estudio hace parte de un proyecto de investigación más amplio que está siguiendo a sus participantes durante un año, midiendo los niveles de glifosato antes, durante y después de la temporada de aspersión de los campos.
“Había grandes vacíos de información respecto a hasta qué punto una dieta orgánica puede reducir la exposición general de quienes viven en zonas rurales en comparación con quienes viven en zonas urbanas”, dijo a EHN Carly Hyland, co-autora del estudio y epidemióloga ambiental en la Universidad de California, Berkeley. “Los estudios anteriores se centraban casi exclusivamente en los habitantes de las ciudades”, añadió. Además, dijo, este estudio es uno de los pocos que se concentró en la exposición al glifosato en humanos embarazados en lugar de análisis en animales de laboratorio.
Si bien la muestra de participantes del estudio es pequeña, Connolly y Koch anotaron que muy pocos estudios han evaluado los niveles del herbicida varios días seguidos en lugar de una única vez, por lo cual ofrece más información que la media. No obstante, según su comentario, los resultados solo alcanzaron a ser estadísticamente significativos después de que los investigadores excluyeran a aquellos participantes que reportaron haber consumido comidas convencionales durante la semana de alimentación orgánica.
Polémica y riesgos para la salud del glifosato
“Para ser un químico que ha sido utilizado durante tanto tiempo y en tan grandes cantidades a nivel mundial, uno esperaría que exista una gran cantidad de información. Pero es todo lo contrario”.
Crédito: Mike Mozart/flickr
El glifosato mata a las plantas y a los microorganismos interfiriendo con su síntesis de proteínas. El químico es usado para controlar malezas y para matar y secar cultivos como el trigo, los frijoles y la avena antes de la cosecha.
Durante años, este herbicida ha estado envuelto en polémicas, sobre todo por su posible efecto cancerígeno en los seres humanos. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA, ha concluido que el glifosato no está relacionado con la aparición de cáncer, mientras que la Organización Mundial de la Salud ha adoptado la postura contraria, clasificando el herbicida como probable carcinógeno. Un análisis de 2019 encontró que la exposición al glifosato eleva el riesgo de contraer linfoma non-Hodgkin’s en un 41%. En 2020, Bayer ofreció 10,9 mil millones de dólares para resolver miles de demandas relacionadas con casos de cáncer derivados del Roundup interpuestas por trabajadores agrícolas, paisajistas y jardineros.
“Para ser un químico que ha sido utilizado durante tanto tiempo y en tan grandes cantidades a nivel mundial, uno esperaría que exista una gran cantidad de información”, escribieron los autores del comentario. “Pero es todo lo contrario”.
Si bien el glifosato entró en el mercado en la década de los setenta, no fue sino hasta la adopción de cultivos modificados genéticamente y resistentes al glifosato a finales de la década de los noventa cuando explotó la popularidad del herbicida, Curl dijo. “Lleva un tiempo ponerse al día”. El químico también tiene una baja toxicidad aguda, lo que fomenta “una sensación de seguridad, quizá injustificada”. En lugar de enfermar o morir justo después de verse expuestos a altos niveles del químico, los animales de laboratorio o los trabajadores agrícolas experimentan problemas de salud, tales como un riesgo más elevado de cáncer, en el largo plazo y de una forma más sútil, dijo Curl.
Otro factor, señaló Curl, es que el glifosato actúa en caminos químicos presentes en las plantas pero no en los humanos y otros animales, lo que conduce, una vez más, a una falsa sensación de seguridad. “El glifosato no es el único ejemplo de que un mecanismo potencial de daño puede no ser el mecanismo de acción en la gestión de plagas”, dijo. La investigadora citó el ejemplo del pesticida clorpirifos, que afecta a humanos e insectos, pero de formas distintas. En cuanto al glifosato, la evidencia experimental apunta a que desencadena estrés oxidativo en los animales, aumentando el riesgo de cáncer, daños en el ADN y daños reproductivos.
Los beneficios de comer orgánico
Afortunadamente para personas gestantes y no gestantes, la presencia del glifosato en el cuerpo es efímera. Después de unas horas o unos cuantos días, la mayor parte del químico es expulsado. El problema, sin embargo, es que la mayoría de las personas están constantemente expuestas al glifosato a través de la comida, el césped y los campos que han sido rociados con Roundup, entre otras vías.
“Si la exposición a pesticidas es algo que le preocupa”, Curl dijo, “creo que tenemos suficiente evidencia que sugiere que comer una dieta orgánica es una manera efectiva de reducir esa exposición”. Sin embargo, dado que la comida orgánica suele ser más costosa y escasa, esto está lejos de ser una solución perfecta, reconoció la investigadora. Lo que se necesita, dijo, son regulaciones que protejan la salud de todos, independientemente de la comida que pueden comprar.
Para Hyland, los beneficios de una dieta orgánica van más allá de proteger la salud del comensal. “Incluso si no puedo decir con total certeza que una dieta orgánica me va a ofrecer un beneficio para mi salud”, dijo Hyland, “sabemos que la agricultura sin pesticidas es definitivamente mejor para los trabajadores agrícolas ... ahí es donde realmente trato de priorizar lo orgánico, y trato de animar a otros a que también lo hagan”.
Aunque esta cita del ex senador por Arizona Barry Goldwater es anticuada, una cosa sigue siendo cierta: el agua en el Oeste sigue siendo fuente de angustias. Un claro ejemplo: en 2022, Arizona experimentó las peores condiciones de sequía en más de 1.000 años, lo que secó represas, expuso vacíos en la legislación y demostró la existencia de injusticias medioambientales.Como una científica Diné (Navajo) que estudia la calidad del agua y creyó en la nación Navajo, que cubre Arizona, Nuevo México y Utah, el tema de la sequía en Arizona hace parte de mis conversaciones profesionales y personales.
A principios de 2023 se cumplieron 20 años de un litigio en el que la Nación Navajo intenta obtener derechos sobre el río Colorado en el caso Arizona contra la Nación Navajo. La nación Navajo nunca ha contado con la infraestructura o el apoyo necesarios para tener un acceso fiable al agua potable. En marzo de 2023, los Navajos llevaron su caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y abogó por que Estados Unidos determinara las necesidades y derechos de agua de los Navajos. No obstante, el 22 de junio de 2023, la Corte Suprema, con una votación de 5-4, determinó que los Estados Unidos no tiene ninguna "obligación afirmativa" con la nación Navajo de asegurar su agua, revocando una decisión del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el 9º Circuito. La mayoría falló que el Tratado de Bosque Redondo de 1868 no establecía ninguna obligación federal en ese sentido.
¿Qué significa esto para los Navajos?
La nación Navajo.
Crédito: Valerisa Gaddy
El gobierno ha decidido que si bien la nación Navajo sí goza de derecho al agua establecido en la doctrina Winters, no le ayudará a los Navajos a hacer valer ese derecho. Mientras que esta decisión viene como una decepción para muchos, la firma del proyecto de ley del Senado de Arizona 1432 por la gobernadora Katie Hobbs, que obliga a la ciudad de Scottsdale proporcionarle agua a la comunidad privada Rio Verde Foothills, ha sido la sal en la herida.
Este ensayo también está disponible en inglés
El caso de los residentes de Rio Verde Foothills contra la ciudad de Scottdale ha llegado a las noticias internacionales. Debido a una mega sequía, en 2021 la ciudad de Scottdale, en Arizona, decidió que no podría proveer agua a la comunidad vecina. Empezando el primero de enero de 2023, los residentes de Rio Verde Foothills dejaron de recibir el agua que les enviaba Scottdale. Durante todo el año y medio anterior, la ciudad le había notificado a los residentes que debían buscar otra fuente de agua, pero no escucharon la advertencia y ahora ahora luchan por encontrar una solución a largo plazo. La firma del proyecto de ley por parte de la gobernadora Hobbs solo amplifica las injusticias medioambientales que existen en Arizona.
Pozo abandonado en la nación Navajo.
Crédito: Valerisa Gaddy
No puedo evitar hacer una comparación entre la situación de mi comunidad y la de Rio Verde Foothills. Los medios no tardaron en amplificar la situación de Rio Verde, aunque haya muchas otras comunidades de color en peores condiciones hídricas. Los problemas del agua en la nación Navajo, por ejemplo, han estado presentes desde la colonización.
En los Estados Unidos, si eres negro o latino tienes el doble de probabilidad de no tener acceso a agua potable que un ciudadano blanco. Los indígenas americanos y los nativos de Alaska tienen 19 veces más probabilidad de no contar con agua potable que sus contrapartes blancas, pero estos números palidecen en comparación con la falta de acceso al agua que soportamos los Diné. Ser Diné aumenta la probabilidad de no tener acceso al agua potable 67 veces más que cualquier otro norteamericano. A medida que la mega sequía empeora, me doy cuenta de que nuestro futuro en el desierto está plagado de interrogantes: ¿Se recuperará Arizona? ¿Será la generación de mi hijo una de refugiados climáticos? ¿Si los Diné la pasamos así de mal hoy, cómo será el futuro? El único consuelo es que el pueblo diné sigue creciendo y prosperando en medio de traumas históricos, tratados incumplidos y continuas desigualdades sanitarias, educativas y económicas, incluida la falta de agua segura, limpia y de calidad.
Aun así, la rápida atención que ha recibido la comunidad de Rio Verde Foothills a pesar de que fueron ellos mismos quienes se pusieron en esta situación — a diferencia del traslado forzado de los Diné— demuestra que el agua sí es vida, pero el acceso a ella jamás será equitativo.
Elegir la ubicación versus el desplazamiento forzado
La comunidad de Rio Verde Foothills.
Crédito: Valerisa Gaddy
La comunidad de Rio Verde Foothills es una comunidad no incorporada, lo que significa que no está dentro de los límites de Scottsdale, la ciudad que muchos residentes están demandando. Al no estar incorporada en la ciudad, los residentes pagan menos impuestos, pues la ciudad no les presta servicios como el alcantarillado, el agua potable y el manejo de basuras. En cambio, muchas de las casas de Rio Verde foothills, que tienen un precio promedio entre $760,000 a $875,000 dólares americanos, están equipadas con tanques de almacenamiento del agua que no están conectados a ninguna tubería principal de agua, alcantarillado o pozo; y por ello dependen de los camiones cisterna de Scottsdale para llenarse, en promedio, una vez al mes. Muchos residentes aseguran que los constructores del proyecto les dieron información falsa, pero no reconocen el riesgo obvio que implica comprar una casa en el desierto durante una sequía. Los residentes también argumentan que tienen derecho al servicio de agua potable a través del sistema municipal de agua según las leyes de Arizona. Sin embargo, un juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa falló que el estatuto citado por la comunidad no aplica a ellos, pues los residentes de Rio Verde Foothills no han demostrado que no pueden acceder al agua por sí solos.
Campo de golf adyacente a muchos de los residentes que están sin agua.
Crédito: Valerisa Gaddy
Esta situación contrasta fuertemente con lo que mi comunidad ha soportado durante siglos. Los Diné han vivido en condiciones mucho peores y durante más tiempo que los residentes de Rio Verde foothills. Desde 1863 hasta 1868, el gobierno de los Estados Unidos le ordenó al ejército nacional expulsar por la fuerza al pueblo Diné de su patria original, llamada Dinétah, que se encontraba entre las cuatro montañas sagradas de los actuales montes Hesperus y Blanca Peak, en Colorado; Taylor, en Nuevo México, y San Francisco Peaks, en Arizona. El ejército obligó a los Diné a los Apaches Mescalero a caminar más de 300 millas (483 km) hasta Fort Sumner, cerca de Bosque Redondo en Nuevo México, en lo que se llamó La Larga Marcha. Se estima que un tercio de los Diné capturados y encarcelados en Fort Sumner murieron. Siguiente este infructuoso intento de asimilación forzada, los Diné aceptaron regresar a su territorio y dejar de luchar contra el gobierno de los Estados Unidos, en lo que hoy se conoce como el Tratado de 1868. En este tratado, el gobierno les prometió darles tierras que incluyeran ríos. Después del tratado de 1868, el fallo de 1908 de la Corte Suprema en el caso Winters contra Estados Unidos estableció que las tribus indígenas tienen un derecho al agua en cantidad suficiente para atender todas sus necesidades, incluidas las residenciales, de desarrollo económico y gubernamentales. A pesar de la documentación histórica entre las tribus y el gobierno estadounidense, más del 30% de los Diné que viven en la nación Navajo no tienen acceso a agua potable.
Priorizar a las personas por sobre la avaricia
Joshua Gaddy (Diné) dando de beber a las ovejas.
Crédito: Valerisa Gaddy
A diferencia de los residentes de Rio Verde Foothills, la nación Navajo parece estar atrapada entre la espada y la pared. Generaciones de injusticias han oprimido a la tribu. Los Navajos sufren de tasas desproporcionalmente altas de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, suicidios, violencia doméstica y alcoholismo. Los residentes de Rio Verde Foothills no se enfrentan a los retos a los que se enfrentan los Diné diariamente, y sin embargo es su historia, y la de gente que se parece a ellos, la que se convierte en la cara visible de las sequías en Estados Unidos.
En Arizona hay 22 tribus reconocidas a nivel federal, siete de ellas ubicadas a orillas del río Colorado. Ni una fue incluida en la discusión del Pacto del río Colorado de 1922, que es la base de toda la legislación sobre el río Colorado y divide el uso de su agua entre estados. Las naciones indígenas del Oeste han sido excluidas de los debates sobre la política del agua. Pero hay señales de que las cosas están cambiando: la comunidad indígena del río Gila ganó amplios derechos sobre el agua del río Colorado, y su insistencia en una visión global en vez de limitada ayudó a Arizona a establecer su plan de contingencia para la sequía.
El trauma al que se ha enfrentado el pueblo Diné se ha perpetuado a lo largo de muchas generaciones. En mi propia experiencia, la falta de acceso al agua limpia en la nación Navajo ha impactado la salud de muchos de mis familiares y ha influido en quien soy hoy, una académica activista. Ver las injusticias a las que se enfrenta mi tribu y el lento trnasito en las cortes — en comparación con las soluciones que se ofrecen con bombos y platillos a la comunidad de Rio Verde Foothills— solo hace más fuerte mi pasión por la investigación del agua.
La gobernanza del agua está plagada de injusticias y es necesario que vuelva a priorizar a las personas por sobre la codicia.
Descargo de responsabilidad: Este ensayo ha sido escrito por la Dra. Valerisa Gaddy a título personal. Las opiniones expresadas son suyas y no reflejan los puntos de vista del Centro de Investigación de los Recursos Hídricos ni de la Universidad de Arizona.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.
Llegué a la fiesta familiar en Nogales, Arizona, en mi camioneta de 18 años la tarde de un domingo a finales de 2022. Mi camioneta nunca me falla. Separados por la pandemia, no había visto a mi familia mexicana por años. Durante esos años de separación, completé un doctorado. Sabía que la mayor parte de mi familia no entendía por qué alguien se sometería a ese proceso de cuatro años. Les parecía extraño. Es un viaje arduo que no está hecho para gente que se ve como yo.
El olor a carne asada cocinándose en un barril clásico de metal nos rodeaba mientras le mostraba a mi primo mi nuevo retrato profesional. Preguntó, “¿por qué no estás usando maquillaje en esa foto?” y pensé “¿por qué no?”. Pero todo lo que pude decir fue “porque el maquillaje tiene cosas que no quieres poner en tu cara”. Nos reímos, pero lo que dijo tocó una fibra sensible. Me recordó cómo los estándares de belleza están en todas partes. Mi risa inmediata fue un velo que ocultó todo lo que había vivido en el pasado.
Este ensayo también está disponible en inglés
En México, como en todas partes, los estándares de belleza están racializados: cuanto más se acercan los rasgos de una persona a la blanquitud, más bella es percibida por la sociedad. Estos estándares de belleza han ayudado a consolidar estructuras de poder injustas en nuestro mundo – enviar el mensaje a las minorías étnicas y raciales de que son menos atractivas es una forma en la que la supremacía blanca se perpetúa. Generaciones de seres humanos han experimentado persecuciones por su color de piel, cómo se peinan y cómo se visten. Las personas de color, particularmente las mujeres negras, se han tenido que enfrentar a la discrimanción en sus lugares de trabajo por cosas triviales como su elección de peinado. Y, en la búsqueda por escapar de estos juicios, nos hemos puesto en riesgo: las mujeres de color tenemos mayores niveles de químicos en el cuerpo relacionados con productos de belleza que las mujeres blancas. Estos incluyen químicos ligados al cáncer, el asma, la aparición de impactos en los riñones y daños en los sistemas reproductivo y nervioso.
Nuestros cuerpos cargan un peso desproporcionado de la belleza. La industria de la belleza nos ha convencido de que nosotros, los consumidores, somos responsables de nuestra exposición a sustancias químicas nocivas, aunque estas empresas las añaden porque les resulta rentable hacerlo. Tienen pruebas de que estas sustancias químicas son perjudiciales. Y no sólo afectan a los consumidores: las trabajadoras de los salones de belleza también están muy expuestas a estos tóxicos.
Cuestionar el modo en que regulamos las sustancias químicas tóxicas y nuestra definición colectiva de belleza es clave para garantizar el bienestar de quienes se ven desproporcionadamente afectados por esta injusticia.
Estándares de belleza y racismo
Fui la primera mujer de mi familia en generaciones nacida con una hermosa piel morena. Mi mamá mexicana se casó con mi padre indígena, lo que dio lugar a mi aspecto único en mi familia. Aún así, desde temprano, supe que los tonos cercanos al de la mayoría de europeos eran preferidos sobre el mío.
En la cultura mexicana, hay una lógica racista que privilegia a las complexiones similares a las europeas sobre las marrones. La lógica del mestizaje, que existe en la mayoría de países de América Latina, niega que el racismo existe y sugiere que todos los latinoamericanos, al ser una mezcla de europeos, indígenas y personas negras, son igualmente valorados. Pero, por supuesto, eso no sucede en la vida real. Quienes me rodeaban llamaban güerita o blanquita a una mujer típicamente bella. Vi mujeres manipulando sus atributos físicos para hacerlos coincidir con los de las güeritas. Mi perfil era raro dondequiera que mirara en los principales medios de comunicación y en la moda de México y Estados Unidos. Fue a través de estos mensajes que aprendí a moldear mi apariencia.
Con el tiempo, me he dado cuenta de que las inseguridades perpetradas por este aprisionante sistema de belleza alimentan un mercado de miles de millones de dólares. En 2019, las mujeres Latinas en los Estados Unidos gastaron más de US$2 mil millones en cosméticos – sobrepasando lo que paga el consumidor blanco promedio– más que nada comprando maquillaje dirigido explícitamente a nosotras que sostiene ideales de belleza racistas.
Al convertirme en científica, creí que podría escaparme del mandato. Después de todo, el desinterés por la apariencia es la insignia de honor de un científico. Albert Einstein usaba el mismo tipo de ropa por una razón e inspiró a muchos a hacerlo también. Pero, inclusive si lo intentara, no quepo en el molde del científico loco demasiado ocupado trabajando en su investigación para preocuparse por cómo se ve.
Como una científica de color trabajando en un campo dominado por personas blancas, mi color de piel, lo que uso y cómo me peino dice algo a quienes miran desde fuera. Uso productos y servicios de belleza para sentirme cómoda y encajar lo mejor posible. Pero en mi experiencia, los científicos sí se preocupan por su apariencia. Comparan. Quieren que su retrato quede bien. Y para las mujeres de color en la ciencia, esta insignia de honor de “no me importa la apariencia” no es una opción. Ser tomada en serio profesionalmente también significa preocuparse por la presentación física.
Las trabajadoras de salones de belleza
Tanto clientes como trabajadoras de los salones de belleza están expuestas a compuestos químicos en productos como tintes, aceites y relajantes, pero las trabajadoras están expuestas a estas sustancias químicas a diario. Crédito: Giorgio Trovato/Unsplash
La carga de la belleza, no obstante, no solo cae sobre los hombros de quienes gastamos horas y dólares para ajustarnos al estándar. Cuando pensamos sobre los riesgos químicos en una peluquería, es posible que pensemos en nosotras mismas sentadas en esa silla. Raramente paramos a pensar en cómo se ven impactadas las trabajadoras de estos lugares.
Las trabajadoras en pequeños salones de belleza son principalmente mujeres de color que trabajan por su cuenta y sobreviven con salarios bajos, haciendo trabajos físicamente demandantes sin seguro médico. También experimentan el sexismo y el racismo. Si bien tanto clientes como trabajadoras están expuestas a los compuestos químicos de productos como tintes de pelo, aceites y relajantes químicos, las trabajadoras están expuestas a estos químicos a diario. Y, aun así, no se ha estudiado lo suficiente todo el espectro de riesgos químicos a los que se enfrentan las esteticistas en su trabajo diario.
Por eso en la Facultad de Salud Pública Mel y Enid Zuckerman de la Universidad de Arizona queríamos entender los químicos a los que se exponen las trabajadoras de salones de belleza. Nuestra investigación llena el vacío existente en la comprensión de cómo los compuestos orgánicos volátiles, un conjunto de sustancias químicas que se convierten fácilmente en gas, interactúan en el entorno de los salones de belleza y qué intervenciones pueden proteger la salud de las trabajadoras.
En Tucson, Arizona, he visto de primera mano las repercusiones de décadas de lagunas normativas y aplicación laxa de la legislación en los pequeños negocios que visito. Las esteticistas sufren enfermedades y lesiones relacionadas con su profesión. Reportan sufrir de irritación pulmonar, alergias, inflamación y problemas cutáneos. La responsabilidad de garantizar la protección personal se traslada a estas trabajadoras, ya gravadas con impuestos, para que compren productos de belleza no tóxicos, identifiquen y eliminen los riesgos químicos o modifiquen los salones que no son de su propiedad. Este grupo de trabajadoras, que ayudan a muchos de nosotros a sentirnos seguros en nuestra propia piel, experimenta un violencia diaria y lenta que debe terminar.
Los padres de la autora, Denise Moreno Ramírez, en la década de 1970. Crédito: Foto cedida por Denise Moreno Ramírez
Las y los investigadores están tratando de ponerse al día y aportar evidencia para cambiar las políticas anticuadas. También nos afanamos por entender mejor los riesgos de salud de esta población. Necesitamos financiar estudios que analicen mezclas complejas de químicos, pues esta es la realidad de estos lugares de trabajo. Para proteger a las trabajadoras de salones de belleza en serio, también necesitamos eliminar o prohibir el uso de químicos dañinos en los productos cosméticos. Esto significa que como investigadores ambientales y de las ciencias de la exposición, no podemos evitar presionar para que haya cambios en la política pública o unirnos a coaliciones que hacen ese trabajo. Debemos investigar y luchar simultáneamente.
Para que haya un cambio real, debemos centrarnos en estas injusticias de la belleza, abogando por que las entidades gubernamentales estadounidenses supervisen la seguridad de las trabajadoras de los salones de belleza y los productos que utilizan. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recientemente conservó su capacidad para retirar de las estanterías productos de belleza que afectan a la salud humana, pero la agencia necesita más poder para solucionar el problema en su origen, como prohibir los productos químicos problemáticos como el formaldehído, los parabenos y los ftalatos, por nombrar sólo algunos. Es improbable que tengamos una vida sin sustancias químicas lesivas. No obstante, podemos abogar por políticas que den prioridad a la salud humana y al medio ambiente, incluso ante la incertidumbre en la ciencia y la política pública.
Cambiar nuestra definición colectiva de la belleza
La autora cuando era niña con su abuela y otros familiares. Crédito: Foto cedida por Denise Moreno Ramírez
Reflexioné sobre los estándares de belleza racializados en esa fiesta familiar el año pasado. Pero los recuerdo a donde quiera que vaya, en el trabajo o en casa. Nosotres, Latinxs, representamos muchos pares de pestañas postizas, paletas de sombra de ojos y botellas de aceite para el pelo para la industria de la belleza. Y a medida que la población Latinx crece en los Estados Unidos – se estima que para 2050 el 30% de la población norteamericana será hispana – podemos estar seguros de que la industria de la belleza se está preparando para mantener sus ventas al alza. Pero este cambio demográfico también significa que tendremos más poder para exigir responsabilidades a la industria por su apoyo y aprovechamiento de expectativas raciales y de género que nos hacen daño.
La definición colectiva de la belleza debe cambiar. Por eso la diversidad es esencial. Todes debemos amarnos por fuera y por dentro. Hoy me siento segura de mí misma, pero me ha llevado tiempo. Me siento mejor cuando puedo ser yo misma.
Si eres una mujer morena y estás leyendo esto: lo vamos a lograr. Si no lo eres: ¿lucharás a nuestro lado?
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.
Cuando la nieve se pega al suelo, nosotros, los Biiluuke u Otro Lado, contamos nuestras historias tradicionales para que sean pasadas de generación en generación. Una de mis favoritas era la de un joven llamado Uuwaatisaash, o Gran Metal, quien fue empujado a un acantilado por su padrastro después de un día de caza. Mientras su padrastro regresaba al campamento para dejarlo morir, Uuwaatisaash escuchó nuestro idioma en la distancia. Las voces hablaban sobre salvar a un joven atascado en un arbusto. Las voces que escuchó eran las de los Iisaxpúatahchee Sahpua, los siete carneros sagrados de Big Horn, quienes lo salvaron y decidieron criarlo como si fuera suyo. Uuwaatisaash creció para convertirse en un importante guerrero y le fueron dadas siete enseñanzas sagradas que él llevaría de vuelta a mi pueblo.
Cuando tenía 8 años, un programa bilingüe extracurricular me llevó a un viaje que me dejó recuerdos que aún conservo. Un bote nos llevó a los cañones profundos del lago Big Horn, o Iisaxpúatahcheewilichke. Mientras navegábamos por los acantilados que Iisaxpúatahcheeaashe, el río Big Horn, había cortado, fuimos testigos de su poder: los lados del acantilado se veían como si un cuchillo hubiera hecho un corte limpio a través de un pastel, excepto que era a través de capas sedimentarias, metamórficas e ígneas de la Tierra. Llevaré este día conmigo para siempre porque mi hermana melliza, otros jóvenes Apsáalooke/Crow y yo vimos donde Uuwaatisaash había sido empujado hacia los acantilados, y donde los Iisaxpúatahchee Sahpua lo habían salvado.
Este ensayo también está disponible en inglés
Los Biiluuke veneramos a los Iisaxpúatahchee Sahpua, los honramos y respetamos. Un guerrero Apsáalooke, Oso Grulla, nos enseñó que para honrar y respetar el poder de los Iisaxpúatahchee Sahpua, necesitamos cuidar las montañas y los ríos. “Hasta el día de hoy, los ríos Big Horn y Pequeño Bighorn llevan la memoria de los Siete Carneros Sagrados”, dijo, “se nos dijo que nunca les cambiáramos los nombres… así que han conservado sus antiguos nombres, asegurando que la tierra siempre será nuestra”.
Hemos sabido que el agua es un reflejo de nosotros mismos desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, nuestros ríos y aguas han sido impactados por las actividades humanas como la agricultura, las aguas residuales y minas abandonadas. Pero otros investigadores Apsáalooke y yo estamos trabajando juntos para comprender la calidad de nuestros sistemas hídricos y cómo esto supone riesgos para los miembros de nuestra comunidad y nuestras prácticas culturales. Como investigadores Apsáalooke estamos analizando el agua de nuestros vecinos, amigos y familiares. Y, al liderar estas pesquisas, estamos contribuyendo a nuestra autonomía individual, comunitaria, cultural y tribal.
Nuestra esperanza es proporcionar investigaciones básicas que ayuden a nuestra nación a establecer normas de calidad del agua para proteger nuestras preciosas fuentes de agua, de modo que podamos continuar con nuestras prácticas culturales y ceremoniales.
La tierra que me crió
Vista de las montañas Big Horn desde Story, Wyoming.
Crédito: JoRee LaFrance
Crecí con mi hermana melliza al lado del Iisaxpúatahcheeaashe Aliakaate, el río Pequeño Bighorn, en las laderas de mi corazón exterior, Iisaxpúatahchee Isawaxaawúua, conocido comúnmente como las montañas Big Horn; que se encuentra en el extremo sur de nuestra reserva de 2,2 millones de acres en el sureste de Montana. El resguardo es más grande que el estado de Rhode Island, pues es la reserva más grande de Montana, la quinta más grande de los Estados Unidos y el hogar de mi pueblo, tres cordilleras y cuencas hídricas.
Iisaxpúatahcheeaashe Aliakaate (el río Pequeño Bighorn) tiene un lugar especial en mi corazón. Comienza en Iisaxpúatahchee Isawaxaawúua y luego fluye directamente hacia la reserva con solo 16 millas del río ubicadas en tierras cedidas por los Apsáalooke a lo que hoy es el estado de Wyoming. El resto del río fluye al norte en tierras Apsáalooke y se une al río Big Horn, o Iisaxpúatahcheeaashe, justo antes de que termine la reserva. Gran parte del río Iisaxpúatahcheeaashe Aliakaate está en manos de mi gente y es nuestra responsabilidad cuidar y proteger este importante cuerpo de agua.
El río Pequeño Bighorn se utiliza todo el año con fines ceremoniales, municipales, agrícolas y recreativos en mi comunidad. Los Apsáalooke tenemos una profunda conexión con su pulso. Se nos ha enseñado que cuando el algodón empieza a caer en primavera, debemos alimentarlo preparando nuestras mejores carnes y ofrecerlas para pedir protección y mostrar respeto a los buluksée, las criaturas del agua. Es entonces cuando el río empieza a aumentar su caudal debido al deshielo y a las lluvias primaverales. Bajo el caluroso sol de junio nos refrescamos en él, pero debemos ser diligentes pues está en su punto más fuerte. No es hasta que contamos historias, cuando la nieve se pega al suelo, que el río está en su punto más bajo y tranquilo.
Cuidar el agua es cuidar nuestro bienestar no solo como individuos, sino como comunidad. Usamos el río y sus arroyos para ceremonias como rituales del sudor en cabañas de vapor, ceremonias con tabaco, la apertura de paquetes sagrados, ceremonias de baile y muchas otras. Cuando la integridad de nuestras aguas se ve comprometida también se compromete nuestra capacidad para practicar de forma segura aquellas ceremonias que involucran el uso del agua de manera directa. Como científica Apsáalooke, soy un producto de la tierra que me ha criado y sé que es mi responsabilidad cuidar esta tierra que siempre ha cuidado de mí.
En mi lengua, este sentimiento se expresa como immaachikítua – el español no puede capturar el significado de esta palabra, pero si tuviera que describirla, sería “mostrar respeto por la tierra, el agua, cada ser vivo, nuestras familias, ancestros y futuras generaciones”.
Responsibilidad como una Apsáalookbia
Vistas de las montañas Big Horn y al valle del río Pequeño Bighorn.
Crédito: JoRee LaFrance
Creo firmemente en el dicho “de nosotros, por nosotros, para nosotros”, y el Comité Directivo de Salud Medioambiental Crow hace precisamente eso. Somos un pequeños grupo de indígenas Apsáalooke y una entidad socia dedicados a hacer investigaciones ambientales en nuestro territorio. Apropiarse de la investigación no sólo nos permite tener un conocimiento más profundo de la salud de nuestra comunidad, sino que refuerza nuestra soberanía para proteger nuestras aguas.
En los últimos 20 años, el comité ha mejorado la calidad de nuestras aguas y el conocimiento y entendimiento que tiene mi tribu de nuestra propia salud ambiental. Se ha encontrado que las aguas contaminadas suponen un gran riesgo para la comunidad Apsáalooke. La contaminación microbiana, como los coliformes procedentes de sistemas sépticos con fugas o de residuos ganaderos; y la contaminación por metales pesados como el uranio, el arsénico, el manganeso y el zinc, contribuyen a la baja calidad del agua y causan problemas de salud a la comunidad. Esto es preocupante, en tanto los coliformes pueden causar enfermedades a corto plazo como diarrea y náuseas, pero además pueden impactar severamente a quienes están inmunodeprimidos. La contaminación por metales pesados procedentes del uranio puede causar intoxicación renal y el arsénico provoca problemas circulatorios. Ambos son cancerígenos.
Hemos centrado las investigaciones en pozos domésticos porque muchos miembros de la comunidad viven en carreteras sin asfaltar en zonas rurales y dependen de las aguas subterráneas o del agua traída en camiones. Estas fuentes no se analizan como el sistema de agua potable municipal de la Agencia Crow, por lo que, a menos que una persona pague el análisis, no está segura de la calidad de su agua.
Si el hogar de una familia obtiene un resultado que sobrepasa los límites máximos de contaminantes establecidos por la EPA o presenta coliformes o E.coli, el comité le da un dispensador de agua de cinco galones. Esto le da acceso a agua limpia y segura a la familia como mínimo. Mis propios familiares han dependido del trabajo que hacemos, lo que disparó mi interés por la ciencia del agua y el acceso a agua potable.
El río Pequeño Bighorn mirando hacia las montañas Big Horn.
Crédito: JoRee LaFrance
El primer paso en mi largo camino investigando la calidad del agua empezó con mi educación de pregrado en el Dartmouth College, donde me licencié en ciencias de la tierra y estudios de los pueblos nativos americanos. La ciencia de las cuencas hidrográficas captó mi interés. Después de mi tiempo en Dartmouth, fui pasante en el comité como parte de un equipo que analizó varios contaminantes en pozos domésticos y algunos de nuestros arroyos sagrados, además de ayudar con un estudio sobre cambio climático.
Vi la necesidad de conocer la calidad de las aguas superficiales, especialmente en Iisaxpúatahcheeaashe Aliakaate, un río que se convirtió en un amigo cercano. Al crecer al lado de este río, era un poco ingenua y asumía que su agua era prístina, pero he aprendido que los usos agrícolas, municipales y locales, así como los vertimientos ilegales, están cambiándolo y a su valle.
El río Pequeño Bighorn funciona como cualquier otra cuenca hidrográfica nevada del oeste de Estados Unidos y necesitamos entender cómo industrias como la minería, la agricultura y los subproductos de las plantas de tratamiento de aguas residuales lo están contaminando con metales pesados, compuestos artificiales como los PFAS y aquellos procedentes de la actividad agrícola. A través de mi trabajo en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Arizona, quiero entender cómo se comportan los contaminantes a medida que el caudal del río cambia con las estaciones, así como abordar esas repercusiones en el uso tribal del agua. Para lograrlo, recolecto muestras cada semana que luego son enviadas al Laboratorio de Contaminantes Emergentes de Arizona, donde las analizamos buscando diversas sustancias nocivas. Adicionalmente, tengo dos sensores multiparamétricos in situ estacionados en el río que analizan continuamente su pH, temperatura, turbidez y conductividad eléctrica, entre otras cosas. Estoy muy agradecido por trabajar con un río que forma parte de lo que soy.
Bimmaxxpée: Aguas Medicinales
La autora, JoRee LaFrance, instala un sensor de agua.
Crédito: Talon Lonebear
Mi meta es apoyar la implementación de estándares de calidad del agua propios en mi nación basados en la ciencia y la cultura, lo cual es fundamental para preservar nuestra forma de vida tradicional al darnos acceso a aguas salubres. Esto reforzaría nuestra soberanía y nos permitiría responsabilizar a todos los usuarios – tanto aguas arriba como aguas abajo – de la contaminación de nuestras aguas.
Mi káalixaalia me dijo que a los Biiluuke nos fueron dadas cuatro medicinas que nos sanarían y serían nuestro sostén mientras nos movemos por el mundo: la ceremonia de plantación del tabaco, el ritual del sudor en cabañas de vapor, los bailes bajo el sol y las medicinas rocosas. Cada una de estas cuatro medicinas involucra el uso y respeto del agua. Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para garantizar que nuestra infancia siempre tengan acceso a la misma calidad del agua que nuestros antepasados.
Cuando restauramos la salud de nuestras aguas medicinales, restauramos nuestra salud.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.
Notas sobre el ensayo
*Apsáalooke/Crow: Este término es usado para referirse a nosotros como gobierno tribal. De hecho, Crow es una traducción errónea proveniente de la época en la que el gobierno federal llegó y nos dio nombres en inglés. Hay mucho más en el nombre Apsáalooke, pero eso es para otra discusión. Desde mi punto de vista, Apsáalooke, Crow y Biiluuke se utilizan indistintamente.
**Biiluuke/Nuestro Lado: Usamos esta palabra para referirnos a nosotros mismos, nuestra forma de ver el mundo y nuestro idioma. Por eso verá Biiluuke en lugar de Apsáalooke.
Vocabulario:
Apsáalooke/ indígenas Crow
Káalixaalia/ Bisabuela
Biiluuke/ Nuestro Lado/ indígenas Crow
Uuwaatisaash/ Gran Metal
Iisaxpúatahchee Sahpua/ Siete Carneros Sagrados de Big Horn
Iisaxpúatahcheewilichke/ Lago Big Horn
Iisaxpúatahcheeaashe/ Río Big Horn
Iisaxpúatahcheeaashe Aliakaate/ río Pequeño Bighorn
Iichiinmáatchilash/Afortunada con los Caballos
Iisaxpúatahchee Isawaxaawúua/ Montañas Big Horn
Iikooshtakáatbaatchaache/ Distrito Mighty Few
Buluksée/ Criaturas del Agua
Apsáalookbia/ Mujeres indígenas Crow
Immaachikittúua/ Lo que Respetamos
Bimmaxxpée/ Agua Medicinal
Sus ojos se abren de par en par y sus sonrisas brillan al admirar cómo las semillas que plantamos a principios de la temporada se han convertido en plantas adultas. El aroma de la lluvia de verano está en el aire y estoy emocionada por empezar a cosechar quimbombó, que congelaré para hacer gumbo en otoño. Aunque la agricultura no fue parte de mi infancia, recuperé la conexión con la tierra para continuar este legado familiar. Mis bisabuelos maternos de Opelousas (Luisiana) cultivaban batatas, quimbombó, sandías y otros productos para venderlos en el mercado francés de Nueva Orleans. Mis bisabuelos paternos eran propietarios de granjas de verduras y productos lácteos en Mansfield, Luisiana. La agricultura local no era sólo una fuente de alimentos e ingresos, sino un símbolo de comunidad, asociación y conexión.
Este ensayo también está disponible en inglés
Mientras mi hija menor persigue a las mariposas que frecuentan las caléndulas de una parcela vecina, mi hija mayor examina a una mariquita en una parra de pepino. “Mamá, ¿qué comen las mariquitas? ¿por qué son buenas para nuestra huerta? pero, ¿cómo?” Este lugar es un salón de clases vivo que puede ayudarnos a preguntarnos por los qué, porqué y cómo de alianzas que benefician a todos sus miembros.
Las huertas comunitarias y otros tipos de agricultura urbana pueden ser poderosas herramientas para mejorar la soberanía alimentaria, construir conexiones comunitarias y educar. Tal como lo describió la doctora Ashley Gripper en su ensayo para Agents of Change, las personas de color y las organizaciones de justicia medioambiental de base han transformado lotes abandonados y otros lugares en huertas y granjas comunitarias que fomentan la sanación espiritual, fortalecen la construcción de comunidades y combaten el apartheid alimentario, esto es, las políticas y prácticas discriminatorias que impiden a los grupos marginados acceder a alimentos económicos, sostenibles, nutritivos, de alta calidad y culturalmente adecuados.
Desafortunadamente, las mismas comunidades impactadas por el apartheid alimentario suelen vivir en áreas en donde la falta de inversión pública, la segregación racial y otras desigualdades resultan en exposiciones desproporcionalmente altas a químicos dañinos en el aire, el agua y el suelo –suelo que podría usarse para la agricultura urbana. Es más probable que las comunidades de color vivan cerca a vertederos de residuos peligrosos, autopistas y otros focos de contaminación que pueden causar concentraciones elevadas de metales pesados, como el plomo, en el suelo. Las estadísticas muestran que las niñas, niños y niñes de minorías étnicas y raciales así como aquellos de comunidades con bajos ingresos son más propensos a tener niveles elevados de plomo en la sangre. Algunas prácticas agrícolas, como el uso de pesticidas, pueden introducir químicos en las huertas y materiales como las telas para paisajismo pueden ser una fuente de microplásticos.
Quiero ser clara: los beneficios de la agricultura en entornos comunitarios no deben verse sofocados por los posibles riesgos de contaminación. En cambio, deberíamos buscar formas para reducir la exposición a químicos en las huertas. Para lograrlo, necesitamos asegurarnos de que haya una colaboración efectiva entre los sectores involucrados en las huertas comunitarias, incluyendo a los sectores educativos, de nutrición, planeación urbana, investigación y actores gubernamentales.
Posibles contaminantes en los huertos comunitarios
Crédito: Candis Hunter
Los suelos urbanos pueden albergar químicos peligrosos. Puede ser que los usos de la tierra actuales y pasados, como las actividades industriales o agrícolas, los hayan expuesto a tóxicos y pesticidas. La madera tratada, los neumáticos quemados o los flujos procedentes de sitios contaminados pueden filtrar sustancias químicas al suelo. La pintura que se desprende de edificios antiguos y carreteras muy transitadas puede crear depósitos de plomo en él. La gente puede verse expuesta a estos químicos al respirar particulas del suelo, al comer pequeñas cantidades de tierra que puede no haber sido lavada de frutas y verduras o al comer alimentos que hayan absorbido estos contaminantes (aunque esta opción es poco probable, y depende mucho de factores como la especie de planta y la composición del suelo).
Los niños, no obstante, están en mayor riesgo, pues suelen llevarse cosas a la boca y son más curiosos que los adultos. Pienso en mis pequeñas, quienes disfrutan jugar en el suelo del huerto y explorar la naturaleza con sus cinco sentidos. Me causa miedo pensar cómo una pequeña cantidad de plomo ingerido podría dañar sus cerebros y sistemas nerviosos en crecimiento. También me pregunto si quienes cultivan son conscientes de estos riesgos químicos y de los recursos que podrían ayudarles a protegerse.
Estas preguntas me llevaron a concentrarme en cómo los horticultores comunitarios podían reducir su exposición a los metales pesados del suelo para mi tesis doctoral. Prácticas como el análisis de metales pesados en el suelo, el compostaje, el acolchado y el lavado de manos pueden reducir la exposición. El análisis de suelos y el lavado de manos son prácticas obvias, y por su parte, el compostaje puede tener materia orgánica que hace que absorber contaminantes sea más difícil para algunas plantas, mientras que el acolchado (recubrir el suelo con una capa de restos de plantas y otros materiales) ayuda a reducir las partículas de suelo contaminado que circulan en el aire. Todas estas prácticas interesan a las y los jardineros comunitarios, según mis resultados. Sin embargo, he identificado varios obstáculos a los que se enfrentan las y los jardineros cuando intentan protegerse, como los costos de las pruebas del suelo, la preocupación por el avalúo de las propiedades y las implicaciones legales de encontrar plomo en el suelo, la falta de formación para interpretar los resultados, entre otros. Aunque mi investigación se concentra en las prácticas individuales de las y los jardineros para reducir su exposición, empecé a interesarme en cómo esos hallazgos podían materializarse en herramientas y política pública que pudieran ser implementados en las huertas comunitarias.
Ya existen alianzas que abordan estos obstáculos. Por ejemplo, los eventos análisis del suelo, salud, divulgación y asociación (soilSHOP) de la CDC dan educación gratuita sobre el plomo y pruebas de plomo en el suelo a comunidades en Estados Unidos. A medida que escarbé cada vez más tratando de entender cómo hacer que este tipo de asociaciones funcione, me empecé a preguntar, tal como mi curiosa hija mirando la relación mutuamente beneficiosa entre las mariquitas y los pepinos, cómo podemos lograr que los socios diversos de las huertas comunitarias, pasando por las y los jardineros, las escuelas, comunidades religiosas, barrios y vecindarios, hasta las organizaciones civiles y gobiernos, trabajen juntos para lograr la justicia ambiental y la equidad en salud.
Convertir la investigación en política pública: la ciencia de la implementación
Crédito: Unsplash+
Una respuesta posible podría ser la ciencia de la implementación, es decir, investigar las formas en las que los resultados de las investigaciones científicas pueden convertirse en prácticas generalizadas o en política pública. Un estudio puede demostrar que el análisis gratuito del plomo en el suelo es una herramienta eficaz de participación comunitaria para identificar este metal pesado en el suelo de las huertas. Pero, ¿cómo puede incorporarse este hallazgo en las prácticas cotidianas de las huertas comunitarias? una aproximación desde la ciencia de la implementación examinaría qué hace que esta práctica sea sostenible y cómo podríamos superar los retos para adoptarla.
La ciencia de la implementación también tiende puentes entre la investigación sobre inequidades en salud y la acción por la justicia ambiental. Por ejemplo, los investigadores en justicia medioambiental han demostrado que las comunidades de color se ven impacatdas por mayores concentraciones de metales pesados en el suelo y por la falta de acceso a alimentos económicos, nutritivos, de alta calidad y culturalmente adecuados. Mientras que una aproximación tradicional se enfocaría en entender qué estrategias agrícolas pueden incrementar el acceso a alimentos y porqué funcionan, un lente desde la ciencia de la implementación llevaría a los investigadores a explorar qué políticas públicas, prácticas y alianzas pueden reducir las exposiciones a contaminantes en el suelo. Así como una huerta requiere cultivar con cuidado para nutrir las relaciones simbióticas para que las planta y demás organismos prosperen, también es necesario comprender cómo los diferentes grupos que participan en los jardines comunitarios cultivan asociaciones y prácticas para reducir la exposición a sustancias químicas nocivas.
Es posible garantizar que las huertas sean seguras, reparadoras y regeneradoras, especialmente para los más vulnerables a la exposición a sustancias químicas, como los niños. Para lograrlo, necesitamos poner a las comunidades al frente. Tenemos que orientar y animar a los estudiantes a ampliar los límites de la ciencia, y explorar formas de construir una relación simbiótica entre la investigación y la práctica de la agricultura comunitaria, similar a la de un jardín próspero e interconectado.
Todos los niños, niñas y niñes deberían tener la oportunidad de jugar y cultivar alimentos en un suelo libre de tóxicos. Como ejemplificó mi hija en sus investigaciones en el huerto, una solución puede ser preguntarse el por qué, el qué y el cómo.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
Descargo de responsabilidad: Este ensayo ha sido escrito por la Dra. Hunter a título personal. Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora y no reflejan el punto de vista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos o el Gobierno de Estados Unidos.
Esas palabras se repetían en mi cabeza mientras la costa californiana se desdibujaba a lo lejos. Estábamos regresando de uno de los últimos paseos universitarios a la playa cuando surgió el tema del pelo. En ese momento, sentí que las horas de esfuerzo – específicamente las aproximadamente tres horas semanales de lavarme, secarme y alisarme el pelo, lo que suma casi 625 horas o 26 días enteros en el transcurso de los cuatro años de licenciatura – habían sido en vano. Empecé a preguntarme qué sentido tenía perderme eventos, tiempo con mis amigos o tiempo extra para dormir o estudiar porque tenía que alisarme el pelo. Mas allá del tiempo, sentí que mis esfuerzos por encajar eran inútiles.
Este ensayo también está disponible en inglés
Alisarme el pelo (bien sea usando alisadores químicos o usando calor a lo largo de mi vida) era mi intento por alcanzar los estándares de belleza occidental, que ve el “pelo bueno” como el pelo más parecido al de las personas blancas – “liso, sedoso, con movimiento, manejable, sano y brillante”. Por el contrario, ve el “pelo malo” como “corto, enmarañado, rizado, nudoso, áspero, quebradizo y de aspecto lanoso”. Estos estándares de belleza atravesados por la raza se extienden más allá del pelo y determinan qué colores de piel, rasgos faciales y tipos de cuerpo son vistos como bellos.
La belleza tiene un valor real – tanto en términos sociales, económicos y físicos – y quienes están dentro de estos estándares se benefician de ella, mientras que quienes no, sufren. En los entornos laborales, por ejemplo, la mujeres negras que llevan su pelo natural son vistas como menos profesionales, menos capaces y tienen menos chance de ser recomendadas para una entrevista de trabajo comparadas con las mujeres negras que se alisan el pelo o las mujeres blancas con pelo lizo o rizado.
Pero el precio de la belleza va más allá de las interacciones sociales y las oportunidades. Y nuestros cuerpos lo pagan. Los relajantes químicos para el pelo (comúnmente usados para alisarlo), así como otros productos para estilizarlo, pueden contener químicos –naturales o hechos por los seres humanos– que alteran el sistema endocrino, que es el sistema de nuestro cuerpo encargado de regular nuestras hormonas, por lo que pueden afectar nuestra salud. Exponerse a estos químicos podría estar relacionado con una serie de condiciones de salud como la llegada temprana de la menstruación, problemas en el nacimiento de los hijos y cáncer de seno, entre otras – todas condiciones de salud que afectan a las personas negras más que a cualquier otro grupo étnico o racial.
Las personas negras soportan la mayor carga de los costos sociales, económicos y físicos de la belleza. Esto es a lo que los y las investigadoras han llamado la injusticia de la belleza –un sistema que sobrecarga a las comunidades de color, y especialmente a las comunidades negras, con los costos mentales, financieros y de salud física de la belleza. En el corazón de la injusticia de la belleza, culpamos a los individuos por usar ciertos productos sin considerar cómo su decisión de usarlos también es el resultado de otros factores a nivel social, barrial y familiar. Para alcanzar justicia respecto a la belleza, necesitamos reorientar las conversaciones, investigaciones e intervenciones para que consideren los factores más amplios que influyen en el uso de productos en lugar de centrarnos únicamente en el individuo.
Presiones por partes de los pares y los familiares frente a tu aspecto personal
La autora, Marissa Chan.
Mi viaje capilar empezó mucho antes de la universidad. Recuerdo la primera vez que llegué al colegio con el pelo liso. Fue el primer día del sexto grado, mi pelo liso recogido en una coleta baja, llevaba puestos aros plateados en las orejas y una camiseta negra de la ciudad de Nueva York que había comprado en el verano durante mis compras de regreso a clases. Recibí muchos elogios respecto a mi pelo, y por fin sentí que encajaba. Sin embargo, estos elogios solo siguieron llegando cuando llevaba el pelo liso. Ahora tengo claro que la sensación de "encajar" con mis compañeros de clase y amigos en la comunidad predominantemente blanca en la que vivía, avivó mi deseo de empezar a alisarme el pelo químicamente cuando tenía trece años.
Mis experiencias son un ejemplo de cómo las relaciones o interacciones con otros pueden contribuir en el uso de productos de cuidado personal. Estas interacciones pueden ir en dos sentidos –incluyen tanto experiencias de recibir halagos cuando se lleva el pelo liso y aquellas en las que se nos dice que nuestro pelo es “poco profesional”, “descuidado”, “con frizz” o “desordenado” cuando no. Si bien es esperable recibir este tipo de comentarios de desconocidos, los amigos, la familia y otras personas de nuestras redes más cercanas también contribuyen en la forma cómo decidimos llevar el pelo y los productos que decidimos usar. De hecho, las personas negras que han oído decir a sus familiares que prefieren el pelo liso son más propensos a utilizar alisadores químicos en comparación con aquellos cuyos familiares no expresaron esta preferencia. Mirando atrás, estoy agradecida de no haber experimentado este tipo de presiones dentro de mi familia, pero soy dolorosamente consciente de que los comentarios de amigos y compañeros de clase sobre cómo “solo les gustaba mi pelo liso” o cómo “querían tocarme el pelo” cuando estaba rizado impactaron mis decisiones sobre mi peinado y los productos que utilizaba.
Exposición a químicos disruptores del sistema endocrino a través de los productos de belleza
La autora, Marissa Chan (der.), en CNN hablando sobre los productos tóxicos dirigidos a las personas e infancias negras.
La primera vez que me enteré de los químicos disruptores del sistema endocrino fue en un curso introductorio durante mi primer año de licenciatura. Leímos un reportaje en el New Yorker sobre el doctor Tyrone Hayes, un investigador negro que descubrió cómo la atrazina, un pesticida, afecta el desarrollo reproductivo de las ranas. El artículo entretejía con maestría las tensiones entre la industria y la ciencia, su experiencia como un investigador negro y los posibles efectos de los químicos en el medio ambiente y la salud. Al meterme más en el tema de los químicos disruptores del sistema endocrino, aprendí que aunque la exposición a este tipo de sustancias es universal, las comunidades de color, especialmente las comunidades negras, están más expuestas comparadas con otros grupos raciales y étnicos. Y estas diferencias podrían verse potenciadas por las diferencias en el uso de productos de cuidado personal, incluidos los productos para el pelo, pues somos más propensos a usar aceites y geles para el pelo, pomadas, cremas para peinar y otros productos capilares que no necesitan enjuague.
Por un tiempo ese artículo se convirtió en mi respuesta ante la pregunta de porqué decidí entrar en este campo de investigación, pues era una respuesta sencilla. Pero eventualmente me di cuenta de que había un motor más profundo para mi trabajo, que fue el tiempo en el que trabajé en Black Women for Wellness, una organización en sur de Los Angeles que lucha por los derechos de salud reproductiva de las mujeres negras. Mi tiempo allí fue una experiencia de aprendizaje profesional y personal. Esta fue una de las primeras veces en las que estuve físicamente rodeada por una comunidad negra, lo cual vino con sus propias consideraciones al ser de raza mixta (a veces, los miembros de la comunidad me lanzaban comentarios preguntándome por “dónde estaba la mujer negra [en mí]” o sobre cómo “Marissa solo va a entenderlo a medias”, lo que a veces me hacía sentir más sola que parte de la comunidad). Sin embargo, fue allí donde me di cuenta de que la razón por la que estoy en este campo de investigación no es ese artículo, sino mis propias experiencias capilares, muchas de ellas compartidas por quienes conformamos la comunidad negra.
Esas experiencias me llevaron a mi investigación actual en el Laboratorio para la Justicia Reproductiva Ambiental en la escuela de Salud Pública T.H. Chan, en Harvard. Quiero entender qué factores a nivel comunitario y barrial pueden estar influyendo en el acceso a productos de cuidado capilar seguros e influencian los patrones de uso de los mismos, así como proponer soluciones lideradas por la comunidad. Hasta ahora, hemos encontrado que en los vecindarios de Boston en los que predominan las comunidades de color y/o con menores ingresos hay más productos capilares nocivos o inseguros en las farmacias y otras tiendas que en las comunidades predominantemente blancas y ricas.
Esta investigación subraya la importancia de entender que, en últimas, la decisión de usar ciertos productos de cuidado personal no es solamente individual – hay factores relacionales, comunitarios, barriales y sociales que influyen en ella.
El camino hacia la justicia en la belleza
Hemos avanzado en el camino hacia productos más seguros. Cada vez más los consumidores están buscando productos que no contengan ciertos ingredientes o químicos. Los fabricantes y las compañías están adquiriendo compromisos públicos para formular sus productos omitiendo ciertos ingredientes. Y, recientemente, el Acta de Modernización de las Regulaciones Cosméticas se convirtió en ley, lo cual representa la actualización más importante de las leyes de regulación de la industria cosmética en Estados Unidos desde 1938. Asegurarnos de que existan productos más seguros es un paso importante. Sin embargo, garantizar que todos puedan acceder a productos más seguros no es el objetivo del movimiento de productos más seguros. Por lo tanto, es necesario un impulso explícito para garantizar que los tipos de productos utilizados habitualmente por la comunidad negra lo sean.
La carga de navegar las tablas de ingredientes, el marketing falso de las empresas los precios y las presiones sociales sigue recayendo en el individuo. Así que mientras seguimos presionando para que existan productos mas seguros, es importante que también trabajemos para derribar las barreras sociales más amplias que impiden la compra y el uso de este tipo de productos. Por ejemplo, la ley CROWN, que protege contra la discriminación capilar por motivos de raza en el lugar de trabajo y en las escuelas públicas y privadas K-12, ha sido aprobada en 18 estados y a nivel federal ha sido aprobada recientemente por la Cámara de Representantes (¡ahora pasará al Senado!). Si bien el impacto de esta ley aún es desconocido (en parte debido a lo reciente de su promulgación), este giro es un importante paso hacia un escenario de justicia en la belleza.
He estado metida en este campo de uno u otra forma por casi una década y he llevado mi pelo con rizos desde que tengo 21; y, aun así, todavía sigo tratando de entender su textura, construir una rutina para peinarlo y qué productos usar. Mi inseguridad más grande es lo mismo por lo que la gente me hace cumplidos todo el tiempo. Sigo enfrentádome a las mismas presiones para alisar mi pelo si tengo un evento o una presentación importante. He entendido que el progreso es un proceso gradual – mi relación con mi pelo no cambió de la noche a la mañana, pero he venido trabajando en aceptarlo tanto es sus días buenos como malos y en no dejar que se interponga en eventos, oportunidades y experiencias. Y tal como mi viaje capilar, los avances en el movimiento por la justicia de la belleza han sido graduales, pero estamos viendo que tiene gran ímpetu.
Marissa Chan es una estudiante de doctorado en ciencias de la salud poblacional en el Departamento de Salud Medioambiental de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Sígala en Twitter en @marissawchan.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
Un mar de chozas cubiertas de toldos azules se extendía hasta el límite del aeropuerto, como si el frágil muro del aeropuerto estuviera conteniendo un tsunami de asentamientos informales cercanos. La omnipresente lona impermeable azul, símbolo de la ciudad, sirve de principal protección contra la inclemente temporada anual de monzones. Es, además, un punzante recordatorio de las desigualdades de la ciudad.
Pero al pasar de esta perspectiva a vista de pájaro a una a ras de suelo, se revela una realidad más compleja. Como una urbanista viviendo y trabajando en Bombay, vi cómo, contrario a las representaciones mediáticas, no todas las casas en asentamientos informales se ven como las chozas en las afueras del aeropuerto. Dentro del mismo vecindario, los hogares pueden ir desde frágiles refugios construidos con materiales baratos a estructuras de varios pisos de cemento y ladrillo que suelen hacer parte de mercados de arrendamiento informal.
Las ‘favelas’ de Brasil, los ‘bastis’ de India, los ‘katchi abadis’ de Pakistan, los ‘kampungs’ de Malaysia y los ‘barrios’ y ‘comunas’ de Venezuela y Colombia — estos barrios son tan diversos como los nombres usados para describirlos. A pesar de sus diferencias, los asentamiento informales suelen enfrentarse a problemas similares. Desde la mala calidad del aire y las condiciones inadecuadas de las viviendas hasta el acceso limitado al agua, el saneamiento y la electricidad, los barrios informales se enfrentan a retos medioambientales y sociales que perjudican la salud de quienes los habitan, afectando más a los más pobres y marginados. Ya que más de mil millones de personas en el Sur Global –un cuarto de toda la población urbana del planeta– viven en asentamientos informales, este no es un problema pequeño.
Como urbanista e investigadora en salud ambiental, estoy convencida de que los enfoques territorializados, que tienen en cuenta las complejidades físicas y las relaciones comunitarias de los barrios informales, son esenciales para encontrar soluciones que mejoren el bienestar de sus residentes y al mismo tiempo combatan el estigma que supone vivir en ellos. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en preceptos generalizados de “mejores prácticas” o que imponen políticas públicas que ignoran el contexto local, las estrategias lideradas por las comunidades implican relacionarse de manera activa con los residentes para mejorar las condiciones físicas de los asentamientos mientras se fortalecen los lazos comunitarios existentes.
Los riesgos para la salud y los estigma de los asentamientos urbanos informales
Ejemplos de los tipos de vivienda en los asentamientos informales en India.
Crédito: Julia King
Las Naciones Unidas definen un “barrio marginal” (un término que podría marginalizar y homogeneizar las experiencias de cada comunidad) como un lugar en el que los residentes tienen acceso limitado a agua potable, carecen de saneamiento básico, viven hacinados y en construcciones precarias, su tenencia de la vivienda es insegura, o todo lo anterior. Aunque estoy usando el término “asentamiento informal” como un sinónimo de “barrio marginal”, soy consciente del debate alrededor de estas denominaciones así como la utilidad del término “barrio marginal”, que le provee reconocimiento legal a los barrios informales en algunos países, incluida India. El colectivo de investigación urbana Urbz ha acuñado el término “barrios autoconstruidos”, un término que le da agencia a las comunidades al enfatizar la labor y el conocimiento de los residentes que levantan estos lugares diversos.
Este ensayo también está disponible en inglés
Ubicados por lo general en áreas bajas propensas a inundaciones; colinas altas o cerca a instalaciones contaminantes y basureros, los asentamientos informales están expuestos de manera desproporcionada a la contaminación ambiental y a los riesgos sanitarios provocados por catástrofes naturales. Debido a que las ciudades no reconocen legalmente a la mayoría de estos asentamientos, usualmente no tienen acceso a agua potable, saneamiento básico ni electricidad, lo que los convierte en un caldo de cultivo para enfermedades transmitidas a través del agua como el cólera, la hepatitis, las infecciones bacterianas por falta de higiene personal y los riesgos para la salud derivados del estrés térmico. Muchos asentamientos también están sobrepoblados, haciendo que sea más fácil que enfermedades contagiosas se extiendan, y que aparezcan otras no contagiosas asociadas a las malas condiciones de vivienda. La falta de recursos y de servicios públicos como el transporte, escuelas o centros de salud limita las oportunidades de sus residentes. A pesar de todos estos riesgos, quienes diseñan políticas públicas y las instituciones de bienestar social de los estados suelen hacerse los de la vista gorda debido a los prejuicios existentes contra estos lugares y a su precaria situación legal, lo que profundiza la pobreza y los peligros para la salud de sus habitantes.
Estas desigualdades se hicieron evidentes para mí cuando trabajé con las comunidades de Shivaji Nagar, uno de los barrios informales más pobres y subdesarrollados de Bombay. Shivaji Nagar bordea uno de los rellenos sanitarios (basureros) a cielo abierto más grandes de India, lo que resulta en serios riesgos ambientales para la salud de sus habitantes, así como problemas en la calidad del aire. Está hacinado, con unas 600.000 personas viviendo media milla cuadrada o 1,3 kilómetros cuadrados (en contraste, una ciudad densamente poblada como Nueva York tiene a 28.000 personas viviendo en cada milla cuadrada, el equivalente a cinco kilómetros cuadrados). El acceso a agua potable y saneamiento es limitado, con solo un inodoro por cada 145 personas. Más de un tercio de sus hogares vive con un salario de menos de 100 dólares al mes, y muchos pertenecen a las comunidades musulmanas y Dalit (castas bajas en la India).
Reconocer las estructuras comunitarias existentes
Una calle comercial en Shivaji Nagar, Bombay.
Crédito: Sabah Usmani.
Si bien uso el término asentamiento informal, al trabajar con comunidades me he dado cuenta de que en estos lugares existen sistemas formales de organización social y espacial. En un taller que reunió a miembros de la comunidad, académicos y arquitectos para diseñar y probar intervenciones a pequeña escala para mejorar el mobiliario urbano de Shivaji Nagar (como bancos públicos o farolas), la eliminación de basuras, el acceso al agua y los huertos comunitarios, se hizo evidente que el barrio tiene sus propios sistemas "formalizados" de organización. Estos sistemas se manifiestan de varias formas, desde sus calles cuadriculadas y numeradas –un recordatorio visual de la historia del barrio como colonia de reasentamiento planificada por el gobierno– hasta los grupos comunitarios y las organizaciones religiosas que coordinan a los grupos de trabajadores locales, gestionan los jardines comunitarios y otros lugares públicos, y proporcionan ayuda económica y social en tiempos de escasez. Este tipo de organizaciones barriales autogestionadas son características de la informalidad, y ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades marginalizadas a través de la autodeterminación.
El trazado urbano del asentamiento informal Shivaji Nagar.
Crédito: Google Earth, 2023.
Al investigar en otros países y conocer a personas que viven en asentamientos informales, me di cuenta de que las pocas soluciones exitosas para estos lugares ponen en el centro a las comunidades y respetan las redes y sistemas de organización existentes. Un ejemplo es Lucha de los Pobres, un asentamiento informal que se transformó en un vibrante barrio de Quito, en Ecuador.
Durante la filmación de un documental sobre el nacimiento de este barrio, entrevisté a Rodrigo Gualotuña, un líder comunitario que me contó la historia de su comunidad. En 1964, la ley de reforma agraria de Ecuador abolió el trabajo forzado indígena y esto, junto a un boom petrolero, generó una migración masiva hacia Quito. Debido a la falta de vivienda asequible y a prácticas de tenencia de la tierra discriminatorias, los migrantes se vieron obligados a buscar formas alternativas de refugio. Este barrio comenzó como la ocupación organizada de una hacienda en el suroeste de Quito, donde miles de miembros de comunidades indígenas se organizaron y ocuparon tierras subutilizadas y construyeron viviendas de la noche a la mañana. Se convirtió en un lugar de acogida para familias de bajos ingresos que no podían acceder a vivienda por medios convencionales. Tras años de protestas y negociaciones, Lucha de los Pobres fue reconocido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que les proveyera infraestructura básica y servicios sociales. Esta historia ilustra un enfoque liderado por la comunidad, que se basó en la autodeterminación y la resiliencia de los residentes, muchos de los cuales han trabajado para construir y ampliar paulatinamente sus hogares, pasando de simples construcciones de una sola planta a impresionantes estructuras de varios pisos.
El asentamiento original de Lucha de los Pobres en 1983 (izq., crédito: Rodrigo Gualotuña). Lucha de los Pobres en 2016 (der., Crédito: Gabriel Muñoz Moreno).
Este enfoque de vivienda incremental, en el que los residentes construyen y expanden sus hogares a lo largo del tiempo, representa una solución barata a las necesidades de vivienda de las personas de bajos recursos. Como parte de un estudio liderado por el Grupo de Interés Especial en Asentamientos Urbanos del MIT, organicé entrevistas con los residentes de Lucha de los Pobres y talleres con los niños de la comunidad para preguntarles sobre sus sentimientos respecto al barrio. Sus respuestas confirmaron que muchos se sienten orgullosos de construir poco a poco sus propias casas y espacios públicos para satisfacer sus necesidades, desarrollando conocimientos de construcción y estrechando los lazos comunitarios en el proceso.
Mejorar, no desarraigar
Los residentes de Lucha de los Pobres construyen un techo.
Crédito: Gabriel Muñoz Moreno
Entonces, ¿cómo podemos mejorar la vida y la salud de quienes viven en asentamientos informales? para los responsables políticos e investigadores, esto significa escuchar a las comunidades que viven allí. Significa incluirlas en los esfuerzos de investigación. Significa entender qué es lo que ya está funcionando, y elevar soluciones efectivas y cosechadas por las comunidades siempre que sea posible, integrándolas en la gobernanza oficial de las ciudades. Significa reconocer que no hay una respuesta única y que lo que funciona en un barrio puede no funcionar en otro. Significa construir alianzas fuertes entre las comunidades y los gobiernos locales para co-crear e implementar políticas y programas territorializados que mejoren los barrios en donde están ubicados, en lugar de desarraigar a las personas y desalojarlas por la fuerza.
Para mediados de este siglo, se estima que casi tres mil millones de personas vivirán en asentamientos informales, y aún así estos lugares siguen siendo invisibles para quienes ejecutan las políticas públicas y son ignorados en las decisiones normativas. Hay un vacío de información sobre factores ambientales, demografía, estadísticas de salud y enfermedades en estos barrios, lo que limita nuestra capacidad para comprender los retos en salud pública y para orientar recursos hacia las necesidades sanitarias de la comunidad.
Los asentamientos informales son complejos y nuestros esfuerzos por entenderlos debería reflejar esa complejidad. La investigación y las políticas territorializadas nos darán luces sobre esta intrincada realidad y generarán soluciones innovadoras en materia de infraestructuras físicas y representación legal, trabajando codo con codo con las comunidades.
Los asentamientos informales no son un monolito. De Shivaji Nagar en Bombay a Lucha de los Pobres en Quito, cada uno tiene historias, contextos, retos y personas únicas que han construido los lugares que llaman hogar.
Sabah Usmani es una estudiante de doctorado del programa Climate and Health de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. Es una urbanista e investigadora interdisciplinar india, con experiencia a distintas escalas geográficas en contaminación atmosférica y disparidades sanitarias, transporte, energía y agua, y mitigación del cambio climático y planificación de la adaptación en la India, Estados Unidos, Ecuador y Malasia.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable
Esa mañana había volado de vuelta a Londres desde Génova, en Suiza, donde estaba haciendo una pasantía de verano, para asegurarme que mi nanay (mamá en tagalog), Lilila, iba a estar bien. Aunque habíamos atravesado un año tormentoso, estaba convencido de que ella sobreviviría. Mi mamá había sido diagnosticada con cancer de pulmón el verano anterior, aunque nunca había fumado y a duras penas bebía. Unos meses después fue dada de alta por el oncólogo. Mi hermana y yo estábamos aliviados. En el avión de vuelta a Londres, todavía seguía pensando que estaba sana, que su agotamiento constante era normal y que pronto volveríamos a nuestra vida de siempre.
Para cuando llegué al hospital, mi mamá no era ella misma. Nos vio, sonrió y rápidamente se deterioró mientras los doctores trataban de averiguar qué estaba pasando. No lo lograron y cuando se nos fue unas horas más tarde, mi corazón se rompió, pero también sentí rabia: con los médicos, pero también conmigo mismo por no haber sido capaz de salvarla. Esos sentimientos persisten hasta el día de hoy, en parte porque nunca fue claro qué fue lo que le pasó. Esta ira complica el recuerdo de mi madre. No puedo recordarla simplemente como la persona más amable que he conocido o quien me daba los mejores regalos, de los que estoy más orgulloso. En cambio, mi memoria sobre ella está oscurecida por la confusión de ese día, por el sentimiento de impotencia.
Este ensayo también está disponible en inglés
La experiencia de pérdida y duelo después de un evento traumático es difícil de poner en palabras. He escuchado a terapeutas y amigos en Londres y Nueva York, en donde ahora vivo y trabajo en la Universidad de Columbia, tratando de empatizar con este sentimiento, pero sus intentos nunca acaban de cuajar. He sentido ira, resentimiento y aturdimiento. Me he sentido solo e incomprendido en los últimos años como consecuencia de la muerte de mi madre. Me angustia no poder dar un nombre a la causa de su muerte, que no haya una narrativa ordenada ni respuestas claras.
La inarticulable pérdida de mi madre también me ha llevado a enfocar mi investigación en las repercusiones para la salud mental de las catástrofes relacionadas con el clima.
La muerte de mi madre podría no estar obviamente conectada con mi trabajo como investigador en salud pública, pero el luto causado por las pérdidas asociadas al cambio climático son comparables con lo que se siente al perder a un ser querido. No estoy estableciendo ningún tipo de equivalencia entre el dolor y el trauma de perder a un padre o madre y perder toda tu vida y medios de subsistencia tras una catástrofe. Sin embargo, el dolor y los sentimientos de pérdida impregnan muchas de las experiencias que vivimos. Sea cual sea el origen del dolor y la pérdida, mis experiencias personales me han enseñado que necesitamos procesar y aceptar estos sentimientos por el bien de nuestra salud mental y física.
El duelo, definido como un “sufrimiento o angustia mental aguda por una aflicción o pérdida”, puede aplicarse tanto a los sentimientos tras la pérdida de un ser querido como a aquellos que afloran tras perder el hogar y la sensación de pertenencia a un lugar tras una catástrofe. En ambos casos perdemos algo que jamás podremos recuperar. El luto es una consecuencia del ciclo natural de la vida y la muerte, pero puede exacerbarse por la negligencia y las respuestas injustas al cambio climático. Y la forma en que nos reconstruimos depende también de la red de apoyo que tenemos a nuestro alrededor, así como de los recursos de los que disponemos y del momento en que ocurren los hechos. Pero esos recursos para afrontar el duelo dependen a menudo de circunstancias que se escapan de nuestro control.
Una vez que los titulares desaparecen, aparece el duelo
La madre del autor, Lilila Parks, con el autor en un viaje a Filipinas.
Crédito: Robbie Parks
La madre del autor, Lilila Parks, y su padre, Samuel Parks, en un viaje a Filipinas.
Crédito: Robbie Parks
Aunque mi mamá no murió directamente por los impactos de un desastre climático, sin duda se vio afectada por su entorno. De niña, sufrió tifones e inundaciones en su isla natal de Negros. Tras emigrar de Filipinas al Reino Unido, trabajó como empleada doméstica para mantener a sus hijos.
Los desastres relacionados con el cambio climático aquejan a todo el planeta, con más de 200 millones de personas afectadas en las últimas dos décadas, y los impactos agudos y crónicos en la salud mental y física de las personas pueden ser devastadores. Esta devastación es amplificada en las áreas del planeta en donde hay menos recursos para prepararse antes de un evento extremo y para reconstruir después. En Filipinas, el tifón Haiyan devastó comunidades enteras y aplanó parte del país en 2013. No solo murieron miles de personas, sino que millones más vieron sus vidas trastocadas. Tras el tifón Rai en 2021, muchos más todavía están viviendo en albergues temporales y muchos más han perdido la vida. En los Estados Unidos, comunidades enteras nunca pudieron regresar a Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y el moho todavía impacta la salud de quienes viven en edificios de interés social en la ciudad de Nueva York tras el huracán Sandy en 2012.
Para quienes no nos vemos directamente afectados por estas catástrofes climáticas, es fácil pasar la página una vez que desaparecen los titulares. Pero para quienes quedan atrás, toda su vida tal y como la conocían podría haber desaparecido. Podrían haber perdido sus hogares y a todos sus seres queridos al mismo tiempo, o su salud podría deteriorarse a lo largo de semanas, meses o años después del desastre. Darle la atención y fondos necesarios a mejorar nuestro entendimiento de los impactos de los desastres en la salud, tanto a nivel local como global, es un punto central en la lucha por la justicia social, ambiental y climática.
Los desastres asociados al clima seguirán sucediendo, peor podemos mitigar sus peores impactos con el enfoque apropiado.
Comprender el verdadero precio de las pérdidas y los daños climáticos
Una delegada afuera de la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto, en 2022.
El autor dando una charla en la Academia de Medicina de Nueva York.
¿Qué podemos hacer para limitar esta pérdida y luto, para prevenir este ciclo de desastre y destrucción causado por el cambio climático? las soluciones van desde lo local a lo global. En la ciudad de Nueva York, en los años que siguieron al huracán Sandy, surgió una red de apoyo emocional para sobrevivientes a través de Project HOPE, que incluye terapia individual y educación pública. El Wildfire Recovery Fund (Fondo para la Recuperación de Incendios Forestales) en California apoya a la recuperación a mediano y largo plazo y ofrece atención en salud mental. Pero el luto y la pérdida después de un desastre es un fenómeno global, cuya atención requiere coordinación y cooperación.
A lo largo de los años y las décadas, durante las cumbres sobre cambio climático de las Naciones Unidas y las Conferencias de las Partes (COP), las ideas sobre cómo adaptarnos al cambio climático han incluido compromisos por parte de los países ricos para financiar la adaptación de los países más pobres a una forma de vida libre de combustibles fósiles. Pero hasta hace muy poco, escasamente se había hablado sobre cómo financiar la recuperación después de desastres asociados al cambio climático.
Estuve en la convención COP27 de las Naciones Unidas en Sharm El-Sheikh, Egipto, en noviembre de 2022. Un tema de gran importancia en esta ocasión fue el de las pérdidas y daños, que pueden entenderse como los perjuicios generados por el cambio climático provocado por las actividades humanas, un ejemplo serían las vidas destruidas tras catástrofes relacionadas con el clima. Pero las reparaciones climáticas, como se ha llamado a la indemnización por pérdidas y daños, requieren un flujo financiero del Norte Global al Sur Global.
El hecho de que un fondo para pérdidas y daños se esté discutiendo es un avance. Pero también se necesitan recursos financieros sólidos que respalden las promesas e intenciones, pues no es claro cómo se llenará el fondo de pérdidas y daños. Sin embargo, Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, está liderando un llamado para reformar el sistema financiero global a través de la Agenda de Bridgetown.
Lo que más me sorprendió de las discusiones sobre pérdidas y daños es la poca atención que se prestó a los impactos en salud mental a largo plazo, incluyendo la sensación de pérdida de un lugar y de sentido de pertenencia que es difícil restaurar si, por ejemplo, tu familia y hogar ya no existen. Es necesario reconocer más los impactos a largo plazo de este duelo en los marcos de trabajo internacional. Esta será la única manera de llegar a una adaptación y recuperación holísticas que sean capaces de alcanzar una verdadera justicia climática reparadora. Sigue faltando un reconocimiento general de las pérdidas y daños que el cambio climático está causando en la salud mental, así como la financiación necesaria para empezar siquiera a abordarlos. Es aquí en donde la idea del dolor personal por la pérdida se encuentra con la necesidad de inversiones relacionadas con el cambio climático.
Intentar reconstruir después de perderlo todo
La madre del autor, Lilila Parks, en un viaje por las aguas termales de Mambukal en la isla de Negros, Filipinas.
Crédito: Robbie Parks
Perder a mi mamá representa más que perder a uno de mis padres. Mi origen filipino también se siente perdido con su muerte. Me siento como si estuviera aferrándome al aire en lo que respecta a mi cultura y mi herencia. La gente nueva que conozco, después de enterarse de que mi madre era filipina, no puede evitar poner cara de decepción o confusión cuando les explico que nunca me enseñó tagalo o ilonggo, su lengua regional. Cuando escucho las pocas palabras que entiendo en tagalog en la calle, mi instinto es decir “Kumusta!” (hola en español), pero usualmente me hago un lío en la cabeza y no digo nada. Es como si la sensación de tiempo y herencia se me escapara entre los dedos, una sensación de no tener raíces, de no tener un verdadero hogar.
Cuando mi mamá murió, estaba en medio de mis estudios de doctorado y estaba haciendo una pasantía en la oficina conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial. Iba, por fin, a hacerla sentir orgullosa y a perseguir una vida en la academia. Mis padres se habían mudado a Londres desde Filipinas y Glasgow, se conocieron cuando él era bartender y ella mucama, y me criaron con poco dinero pero mucho amor en las viviendas de interés social de Londres. Tenían grandes sueños para mí: siempre me recalcaron la importancia de la excelencia académica, a pesar de que no sabían cómo se ve la educación después de la secundaria. Esto se volvió aún más importante cuando perdí a mi papá siendo un adolescente. Ahora, hay veces en las que lo único que siento son los fantasmas de estos recuerdos. Pero eso es más que suficiente para mantenerme firme en mi deseo de hacerlos sentir orgullosos.
Han pasado varios años desde la muerte de mi madre. Muchos amigos y familiares bienintencionados me han dicho que el dolor pasaría. Al principio pensé que me estaba perdiendo de alguna cura secreta para el duelo, o que no había pasado suficiente tiempo. Sin embargo, después de reflexionar y leer más (incluyendo el libro “The Myth of Closure: Ambiguous Loss in a Time of Pandemic and Change” de Pauline Boss), ahora entiendo que lo que experimenté era normal: el luto nunca se va, pero aprendes a crecer y llevarlo contigo.
Escuchar “Amazing Grace” todavía me hace revivir los últimos instantes de mi mamá. Ahora, cuando pienso en mis padres, aunque me pongo un poco triste, trato de enfocarme en cómo estarían orgullosos de que su hijo haya sabido avanzar gracias a su trabajo duro. He elegido contribuir a la conversación sobre el cambio climático y la salud pública en honor a mi familia, mi duelo, mi pérdida y mi herencia.
Robbie M. Parks es un profesor asistente en ciencias de salud ambiental en la Universidad de Columbia, un becario NIH NIEHS K99/R00 en la misma institución y el profesor principal del taller SHARP Bayesian Modeling for Environmental Health de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
El sonido de las gotas de lluvia chocando contra el pavimento se prolonga durante meses. Veo a muchas de las mismas personas sin hogar montando el transporte público todo el día. En la mañana, en una dirección, y en la tarde, la contraria, todavía en el mismo asiento en el que los vi horas antes.
Se sientan al margen, en silencio. La gente alrededor pide paradas, presiona botones. Mientras tanto, ellos duermen, existen, sobreviven. A veces, me encuentro proyectando en ellos mis días ajetreados, broemando con algunos: “Demonios, ¡¿sigues aquí?!” pero una vez nuestras risas pasan, los veo como los seres humanos que son y entiendo: este lugar está caliente y es seguro. Para algunos, las festividades de fin de año no giran en torno a la familia y los amigos. Son, en cambio, horas, días y meses de supervivencia.
Este ensayo también está disponible en inglés
Cada vez que pienso en las personas sin hogar de Oregon y del resto del país, reflexiono sobre cómo 500 mil personas en esta situación son emblemáticas de lo roto que está nuestro sistema de vivienda asequible. Una historia marcada por la discriminación y el racismo, unas instituciones estatales de vivienda saturadas y una falta de comprensión del concepto de vivienda equitativa han moldeado el inhóspito paisaje de la vivienda asequible en Estados Unidos. Los más marginados se enfrentan entre sí, luchando por un techo en construcciones infrafinanciadas, insalubres y en ruinas con la promesa de un futuro mejor. Puede que exista una solución, pero Estados Unidos tendrá que mirar fuera de sí mismo y plantearse preguntas más profundas: ¿quién construye viviendas asequibles, cómo se construyen, dónde se ubican y cuál es su objetivo final? Será necesaria una propuesta radical.
La construcción de la crisis de vivienda asequible
Una protesta por la vivienda en Nueva York en 2016.
Crédito: Informed Images/flickr
Para entender cómo llegamos a este sombrío panorama, necesitamos examinar la historia de la vivienda de interés social en los Estados Unidos. Los primeros esfuerzos de crear viviendas asequibles ocurrieron en 1937, cuando el gobierno federal creó la Ley de Vivienda Unida, que dio luz verde a préstamos para la construcción de urbanizaciones de vivienda pública para ser rentadas a bajos precios. La Segunda Guerra Mundial pavimentó los primeros complejos de vivienda de interés social en las ciudades debido a la necesidad urgente de viviendas unifamiliares para los veteranos. La década de 1940 vió una mudanza masiva de personas pudientes hacia los suburbios, pues eran ellos quienes tenían la flexibilidad financiera para vivir fuera de las ciudades. Esta dispersión de la población se convirtió rápidamente en algo más que la simple reubicación de los ciudadanos. En última instancia supuso la redistribución de la riqueza, la raza y el acceso a una vivienda adecuada.
A finales de la década de 1940 las políticas segregacionistas echaron raíces. El Congreso pasó la Ley de Vivienda de 1949, que pretendía desarrollar viviendas asequibles en las ciudades. Pero las cosas no salieron acorde al plan. Las viviendas de interés social, muy distintas de las casas de los blancos de los suburbios, fueron ocupadas mayoritariamente por personas negras. Fue entonces cuando los norteamericanos negros se encontraron a sí mismos acorralados como ganado con pocas opciones para mejorar su situación habitacional: sólo podían mudarse a barrios igual de deteriorados.
En 1973, el presidente Nixon impuso una moratoria de 18 meses en el gasto público dirigido a la financiación de vivienda de interés social, lo cual frenó el progreso de proyectos de vivienda asequible en las ciudades. Esta orden detuvo efectivamente este tipo de proyectos y llevó a la proliferación de lo que hoy conocemos despectivamente como "proyectos de vivienda." Cuando dejaron de recibir apoyo federal, varios estados no tardaron en seguir los pasos de Nixon. En consecuencia, los complejos de viviendas urbanas no tardaron en desmoronarse, atrapando a los estadounidenses negros de bajos ingresos en edificios decadentes y sin fondos suficientes.
Muchos estadounidenses negros de bajos ingresos que vivían en urbanizaciones tenían cada vez más necesidades en sus viviendas, como el mantenimiento y la eliminación de materiales tóxicos.
Para ver cómo se manifiestan estas necesidades hoy, basta con mirar a la mayor autoridad de vivienda de Estados Unidos.
Instituciones estatales saturadas
Casas de James Weldon Johnson en East Harlem, Nueva York.
Crédito: Zach Korb/flickr
La falta de inversión afecta hasta a la autoridad de vivienda más grande de los Estados Unidos, la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus iniciales en inglés). NYCHA atiende a un poco más de medio millón de personas, pero aun así los gobiernos de Estados Unidos y del estado de Nueva York le han ido quitando financiación a la agencia desde 1998, de acuerdo con una ficha técnica de NYCHA de 2022. El resultado son más de 40.000 millones de dólares en daños importantes pendientes de reparación y sólo unos 12.500 empleados de NYCHA ocupándose de los residentes y atendiendo el retraso de las reparaciones pendientes.
La falta de inversión sistemática en NYCHA impide que los residentes prioricen el uso de materiales salubres para sus hogares. Alejarse de materiales tóxicos – como las pinturas a base de mercurio o interiores mohosos – implica entrar en una espiral de burocracia. Así, la única opción para los residentes es esperar para renovar sus hogares cuando NYCHA esté planeando renovar un gran número de apartamentos, “a menudo como parte de mejoras a gran escala que incluye sistemas de edificios que se acercan al final de su vida útil,” de acuerdo con la última guía de diseño de la agencia. Esto significa que los residentes no tienen la certeza de que se realizarán mejoras oportunas para proteger su salud y bienestar. Se trate de moho, pintura con plomo o plagas de ratas, los residentes de viviendas asequibles siguen recibiendo soluciones parciales a problemas de insalubridad – a veces tóxicos – en sus hogares.
Quiero ser claro: quienes trabajan en la diversas instituciones estatales de vivienda no son los únicos culpables, es un problema del sistema entero. Un sistema que incentiva que los superintendentes de NYCHA falsifiquen los registros de reparaciones. Continuar operando en un sistema que no tiene respaldo federal o estatal es una pérdida de tiempo.
La situación es tan desesperanzadora que una solución parece imposible. Una parte de mí se siente desilucionada. No obstante, soy terco, y busqué ejemplos de posibles soluciones en Europa. Así me di cuenta de que tal vez sí existe la solución radical que he estado buscando.
Una propuesta radical de vivienda de interés social
En los años ochenta, la ciudad de Viena, en Austria, colaboró con constructores privados comprando tierras y permitiendoles construir en esos terrenos pertenecientes al estado. En poco tiempo, Viena pobló su mercado de vivienda social –de unas 200.000 unidades– principalmente con residentes con bajos ingresos. Al optar por alejarse de la propiedad de las urbanizaciones (como lo que vemos en Estados Unidos), la ciudad trasladó esa propiedad a promotores privados, que tienen el músculo financiero para reparar, mantener y mejorar los edificios.
La privatización no significa que los constructores puedan actuar con impunidad. Viena evalúa la calidad de las propuestas con criterios de calidad arquitectónica, rendimiento medioambiental, sostenibilidad social y costo. Adicionalmente, los constructores privados que eligen colaborar con el gobierno vienés están obligados a rentar la mitad de sus nuevos apartamentos a residentes de bajos ingresos (en Viena, bajos ingresos se define como quienes gastan no más del 20 al 25% de sus ingresos familiares en el pago de vivienda) a cambio de préstamos con bajos intereses. A diferencia de los Estados Unidos, en donde las urbanizaciones asequibles son estigmatizadas como “vivienda pública”, Viena usa el término de “vivienda social”, que centra a las personas y su comunidad sin importar cuanto dinero ganan. Las urbanizaciones nunca se convierten en “ese lugar donde sólo viven las personas pobres”.
Un gran ejemplo es el distrito 12 de Viena, Kabelwerk. La comunidad de Kabelwerk, que cuenta con unas 1.000 viviendas subsidiadas, dispone también de una estación de metro y varias tiendas municipales, servicios que son el resultado directo de la inversión del país en comunidades de viviendas sociales, y no algo ausente de ellas. Las viviendas en Kabelwerk sirven como una intersección indirecta entre diversos grupos de personas incluyendo a propietarios, arrendatarios, refugiados, estudiantes e individuos que pueden necesitar una residencia subsidiada. La interesección de estos grupos está diseñada para que personas provenientes de contextos distintos puedan interactuar, derribando barreras, en lugar de construirlas. La forma en la que Austria se ha aproximado a la vivienda social es un gran ejemplo de cómo invertir sistemáticamente en viviendas asequibles contribuye a la creación de condiciones de vivienda positivas para los residentes de bajos ingresos.
Mientras que las agencias estatales norteamericanas como NYCHA y otras buscan respuestas dentro del mismo sistema decrépito, la necesidad de un sistema de vivienda asequible completamente reestructurado se hace dolorosamente evidente. La forma como nuestra nación se aproxima a la vivienda de interés social debería centrarse en quienes viven en esos hogares, en mantenerse al margen de estigmas sociales y empoderando a quienes toman las decisiones para que construyan comunidades saludables. Necesitamos proyectos que lleguen a buen término y sean bien cuidados durante su vida útil.
Una persona, un hogar o una comunidad fuertes empiezan por sus cimientos. Es hora de reconstruir los nuestros.
Nsilo Berry es investigador de impactos en la salud de Healthy Building Network, donde trabaja para investigar los efectos en la salud de los productos de construcción en comunidades históricamente marginadas, así como los efectos negativos del entorno medioambiental. Conéctese con él en Linkedin.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
Era Guadalupe Martinez Rios, mi abuela. Después de su calvario, tuvo cuatro hijos más con mi abuelo y trabajó en una fábrica y como sirviente para una familia francesa en la Ciudad de México. Murió de leucemia. La vida de mi mamá, como su madre antes que ella, fue dura. De desayuno, un café negro y, si tenía suerte, un pedazo de pan. Mi mamá escapó de la pobreza gracias a su amor por la educación – fue profesora y años más tarde, una de las pocas cirujanas ortopédicas traumatológas de la Ciudad de México. Conocida como la doctora Rios, los títulos educativos de mi mamá no la protegieron contra el estrés crónico que implicaba trabajar en un ambiente dominado por hombres, en el que las mujeres eran subvaloradas. Murió de un shock séptico en la Ciudad de México un mes después del nacimiento de mi hijo. En medio de la tristeza por su partida, mi hijo trajo de vuelta la esperanza y la fuerza a mi vida para que en 2018 pudiera defender mi tesis sobre la salud mental de los sobrevivientes de la trata laboral de personas.
Este ensayo también está disponible en inglés
Poco después de la defensa de mi tesis, leí investigaciones realizadas por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos contra 35 empleadores agrícolas en cinco condados de Michigan por violar las leyes de vivienda para migrantes y trabajo infantil. El Departamento de Trabajo encontró que niños menores de 12 años, incluyendo un pequeño de seis años, estaban cosechando arándanos en los campos. Sus historias resonaron en mí, tal vez en parte porque compartían elementos de las duras – y a veces explotadoras – condiciones laborales que soportaron mi abuela y mi mamá.
Como se puede observar en las historias de ambas, las condiciones de género, etnia, raza y nivel económico se entrelazan con las codiciones laborales precarias y de explotación. Los trabajos precarizados suelen alimentarse de la vulnerabilidad social de las y los trabajadores, lo que puede desembocar en condiciones de explotación laboral, siendo la trata de personas su forma más extrema. Esta peligrosa mezcla es perjudicial para la salud de las personas, degrada los derechos humanos y nos afecta a todos.
Si además se tienen en cuenta los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola (por ejemplo, las temperaturas y lluvias extremas pueden destruir cultivos), se encontrará que las y los trabajadores agrícolas que ya están en condiciones de trabajo precarias son aún más vulnerables: no solo están expuestos a temperaturas cada vez más altas, sino que son presionados para que trabajen cada vez más rápido para compensar las pérdidas de producción. Como lo expresó una campesina que entrevisté en el sureste de Michigan, “Pasamos muchas horas agachados [cuando trabajamos recogiendo pepinos]. A muchos nos duele la cintura y las piernas. A veces el calor es intolerable. [Tengo] dolores de cabeza cuando el calor es fuerte y estamos allí, trabajando duro”.
Sin embargo, como sociedad podemos cambiar esta situación si demandamos condiciones de trabajo justas y seguras para las y los trabajadores agrícolas. Integrar el cumplimiento de las leyes de los derechos y protecciones de las y los trabajadores teniendo en cuenta el cambio climático fomentará la justicia social y medioambiental para todos.
La cruda realidad de las y los campesinos en Michigan
María Luisa Ríos, madre de la autora.
Guadalupe Martínez, abuela de la autora.
En 2018, fui a una conferencia sobre el tráfico de personas y conocí a una abogada con raíces en Honduras que llevaba años prestando servicios legales a campesinos y campesinas en Michigan. Después de conocerla, me conecté con organizaciones y activistas trabajando con las y los campesinos del estado. Estas conversaciones y mis viajes a sitios de trabajo agrícola para conocer a las y los trabajadores condujeron a la creación del Michigan Farmworker project, que comenzó después de que consiguiera una posición como becaria de investigación en la Universidad de Michigan. El primer estudio comenzó en 2019. La meta era tener un entendimiento más profundo de las condiciones laborales y de vivienda de las y los campesinos de Michigan. Entrevisté campesinos y campesinas así como a personas en el sector educativo, de salud, liderazgo comunitario, trabajo social y legal que atienden a esta comunidad.
Las entrevistas pusieron en evidencia los efectos dañinos que tienen el empleo precario y las prácticas de explotación laboral. Un campesino dijo, “cuando no les eres útil [refiriéndose a los cultivadores], te tiran como una cáscara de plátano. Él [el cultivador] quiere su producción, que tú hagas el trabajo, y si no eres de los que siguen lo que ellos quieren, te despiden”. Del mismo modo, una campesina expresó: “Me sentía como si fuéramos animales. Todo el día agachados y (trabajando) deprisa, deprisa y sin descansos y sin beber agua”.
El robo de salarios es común, nos dijo alguien trabajando en servicios legales: “Hay diversos grados de explotación. Y el más común que vemos es el robo de salarios cuando los cultivadores no pagan el salario mínimo por hora, simplemente están robando el trabajo de alguien. Y luego les cobran el alquiler [cuando no deberían], [y otras] deducciones no autorizadas de sus nóminas”.
La vulnerabilidad social, el miedo y la inequidad de género son palpables en las citas de dos campesinas: “Como muchos [trabajadores agrícolas] no traen papeles [refiriéndose a ser indocumentados], por eso no hablan [refiriéndose a presentar quejas]. Tienen miedo de que les despidan, y entonces, ¿qué van a hacer?”
“Tenemos que seguir las normas, porque si no, ¿adónde vamos a ir? No tenemos adónde ir y, lo que es peor, hoy en día hay muchos trabajadores H-2A. Ellos [los cultivadores] quieren solteros, hombres solteros, que no tengan familia”.
Trabajadores agrícolas de Michigan cosechando manzanas.
Crédito: Michigan Farmworker Project
Trabajadores agrícolas de Michigan cargando una cosecha.
Crédito: Michigan Farmworker Project
¿Por qué le pasa esto a las y los campesinos?
La situación de las y los trabajadores agrícolas no es única: de hecho, se estima que cuatro de cada cinco trabajadores norteamericanos con empleos precarios o a tiempo parcial remunerados con el salario mínimo caerán en la pobreza en algún momento de su vida. Los trabajadores de tiempo completos Latinos, sin embargo, tienen 4.5 veces más probabilidad de ganar por debajo de la línea de pobreza federal que sus contrapartes blancos, y cerca de uno de cada tres empleados Latinos de tiempo completo viven 200 veces por debajo de la línea de pobreza en los Estados Unidos.
La erosión de los derechos humanos y laborales afecta de manera particular a las y los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, pues este grupo ha sido excluido de protecciones laborales como un salario mínimo, indemnizaciones, el pago de horas extra o el derecho a sindicalizarse.
Estas inequidades son producto de décadas de políticas de libre mercado que limitan los impuestos y las regulaciones, privatizan servicios públicos como la salud o la jubilación, obstruyen o eliminan los derechos de los sindicatos, erosionan las condiciones laborales y los estándares de seguridad para las y los trabajadores, promueven el trabajo mal pago y, en general, se alejan de las protecciones sociales y enfatizan la responsabilidad personal por las decisiones que se toman (incluida la salud). Estas condiciones sociales y económicas son caldo de cultivo para el trabajo precario y explotador.
Cambio climatico y calor extremo
El cambio climático es exacerbado por estos mismos sistemas económicos y decisiones políticas.
Los sistemas económicos que valoran la riqueza a costa de la explotación de los individuos y los recursos naturales exacerban el cambio climático. Sin embargo, esos mismos sistemas son extremadamente dependientes de las condiciones ambientales que el cambio climático está erosionando. En la actualidad, el 34% de los empleos en los países del G20 –las economías mundiales más desarrolladas – se encuentran en la agricultura, la pesca y la forestería y estos empleos dependen de procesos y recursos naturales como la polinización, la renovación y fertilidad de los suelos y temperaturas moderadas –condiciones amenazadas por el cambio climático y la degradación ambiental.
La disrupción causada por el cambio climático impacta negativamente las actividades económicas y los trabajos que dependen del medio ambiente y los recursos naturales, lo que lleva a una explotación aún más intensa de los trabajadores y los recursos. Es un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola.
Un ejemplo claro es cómo los eventos de temperaturas extremas amenazan la agricultura y los sistemas alimentarios (pues pueden hacer fallar las cosechas) pero también acentúan las inequidad en salud que enfrentan las comunidades campesinas, pues crean condiciones laborales peligrosas. Como me dijo un trabajador agrícola al relatar la muerte de otro campesino: “Murió un amigo de mi amigo. Vino a trabajar a Georgia en la cosecha de sandías. Le estaba diciendo a otro trabajador que vino a ayudarle que se encontraba mal y los demás trabajadores se rieron de él y lo despidieron. Fue entonces a sentarse bajo un árbol y le dio un ataque al corazón y murió. Murió porque el sol era demasiado fuerte”.
Las muertes relacionadas con olas de calor extremas no son extrañas entre campesinos: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reportaron en 2008 que los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos tienen 20 veces más probabilidad de morir de enfermedades relacionadas con el calor que la población general de trabajadores norteamericanos. Aunque estos son los datos más actuales, es plausible que esta amenaza sea la misma, si no peor, dado que las temperaturas siguen aumentando.
La forma como tratamos a las personas y a la naturaleza tiene que cambiar
Cosecha de manzanas en Michigan.
Crédito: Michigan Farmworker Project
La lucha contra el empleo precario y la explotación laboral debe ir de la mano de la lucha contra el cambio climático. La forma en que tratamos a las personas repercute en la forma como tratamos al medio ambiente, y viceversa. Reconocer el papel esencial de los trabajadores agrícolas en EE.UU. exige modernizar las disposiciones de la ley de normas laborales justas (Fair Labor Standards Act) del país para hacer cumplir las políticas y reglamentos laborales, elevar la edad mínima de contratación de menores de edad trabajadores agrícolas, apoyar los derechos sindicales de las y los trabajadores agrícolas, aumentar los salarios y hacer cumplir el pago del un salario mínimo en lugar de pagos por unidad de fruta o verdura recogida. Protecciones sociales como seguro médico, pensión, pago de horas extra, licencias pagadas por enfermedad y oportunidades de formación para las y los trabajadores y sus familias son formas de hacer valer sus derechos laborales al tiempo que se les protege de los efectos del cambio climático.
Las amenazas inminentes del cambio climático sobre la mano de obra, incluidas las enfermedades relacionadas con el calor en trabajadores agrícolas, exigen inversiones en infraestructuras relacionadas con el clima, como sistemas de vigilancia de la salud pública, que pueden ser útiles para evaluar la eficacia de las distintas medidas preventivas y las necesidades de esta mano de obra vulnerable. Para garantizar un futuro sostenible para la agricultura que proteja la salud y la seguridad de su mano de obra, necesitamos que todos los miembros de la comunidad agrícola, desde los ejecutivos de la agroindustria hasta los empleadores de trabajadores agrícolas, apoyen políticas que integren objetivos medioambientales y laborales.
Finalmente, un paso esencial para que existan condiciones laborales decentes implica reconocer el rol esencial de las y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos al darles la oportunidad de legalizar su estatus migratorio. Como me dijo un campesino, “para mejorar las condiciones [de trabajo], lo único que veo es que nos den papeles [documentación legal] para que no tengamos que soportar malos tratos”.
Soy la tercera generación de sobrevivientes de trata de personas. Mi abuela sobrevivió, pero muchos perecen. Como individuos y como sociedad, no podemos normalizar o ignorar que la explotación laboral existe para quienes trabajan en nuestros campos e ignorar las historias que los trabajadores agrícolas de Michigan compartieron durante sus entrevistas.
El florecimiento humano ocurre en una sociedad que apoya la salud pública, así como una mano de obra y un medio ambiente sanos. Los campesinos son una comunidad fuerte y resiliente que hacen importantes contribuciones al tejido económico y social de este país. La mejora y el cumplimiento de las normas laborales pueden mitigar el cambio climático y nos dan la oportunidad de convertirnos en una mejor sociedad que protege los derechos humanos y la salud medioambiental de todos.
Lisbeth Iglesias-Rios es epidemióloga y becaria postdoctoral en la escuela de salud pública de la Universidad de Michigan. Sus intereses de investigación se centran en la intersección del empleo precario, la explotación laboral, las desigualdades de salud y la justicia medioambiental.
Para aprender más sobre el Michigan Farmworker Project visita la página web:
https://sph.umich.edu/covid/epidemiology/michigan-farmworker.html
Puede contactarla en Linkedin.
En Twitter como @Lisglesias
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
Mi respuesta siempre es la misma: piensa en cómo los roedores y otras pestes se meten a tu casa. Ventanas rotas, huecos bajo las puertas, cimientos en ruinas, poco a nula aislamiento: las mismas características que hacen difícil calentar o enfriar un hogar de manera eficiente. Las comunidades minoritarias en Estados Unidos, les digo, no suelen contar con el dinero necesario para mejorar sus hogares, lo que conlleva que sufran para pagar las facturas de servicios públicos cada mes. Un hogar derruido también significa que los residentes están expuestos de manera desproporcionada a roedores y otras pestes, así como a los patógenos que estas traen –desde el Hantavirus y la Leptospirosis hasta el Tifus.
Los gestos de confusión pronto se transforman en frustración. ¿Cómo es posible que algo tan obvio pase desapercibido? ¿qué crisis de salud pública nos espera? Y, más importante, ¿pueden las familias que viven en hogares poco eficientes energéticamente protegerse a sí mismas?
Como un ecólogo con experiencia en el sector de energía y vivienda, he visto cómo permitir que proliferen las plagas en los hogares donde el uso de la energía es ineficiente pone aún más en peligro la salud de personas ya marginadas. Los edificios demasiado calurosos o demasiado fríos que exponen a las personas a las enfermedades transmitidas por roedores pueden estar relacionados con una salud precaria, y las familias a menudo tienen que elegir entre renunciar a alimentos y medicinas o pagar elevadas facturas de energía para seguir viviendo en ese entorno enfermizo.
A pesar de la creciente evidencia que sugiere esta conexión, los investigadores en ecología y energía aún no han empezado a colaborar para estudiar cómo se manifiestan estos vínculos entre la eficiencia energética de los hogares, los animales silvestres y la salud humana. La actual forma de pensar, dividida en compartimientos aislados, estanca nuestra comprensión de estas cuestiones y nos impide diseñar soluciones complejas adecuadas para hacerle frente a las infestaciones de roedores.
Este ensayo también está disponible en inglés
¿Por qué un ecologista está hablando sobre energía y salud?
Empecé a hacerme estas preguntas a finales de 2019. Hasta ese momento, solo me había visto como un ecólogo. Después de luchar por entrar en esa comunidad científica, me convertí en un ecólogo urbano en el Laboratorio de Ecología Aplicada de Vida Silvestre de la Universidad de Michigan (AWE, por sus iniciales en inglés). Realicé estudios sobre la fauna salvaje y análisis de dietas y, aunque disfrutaba mi trabajo, sentía profundamente que no estaba viviendo plenamente una creencia fundamental: que la ciencia “no es sólo ciencia”. Creo que es un deber cívico oponerse a la injusticia, y continuamente me preguntaba cómo se cruzaba la ecología con las desigualdades sociales y cómo podía reducirlas. Insatisfecho con las respuestas que encontré dentro del campo, me uní al Laboratorio de Justicia Energética de la Universidad de Michigan (UEJL, por sus iniciales en inglés), que se especializa en la búsqueda de soluciones para las preocupaciones globales sobre la energía. Allí comenzó mi viaje por los hogares de la gente.
Entré en viviendas de Detroit y, mientras medía la contaminación del aire en su interior, preguntaba a los residentes por su salud y las estrategias que utilizaban para hacer frente a la ineficiencia energética, con el fin de evaluar su calidad de vida. Mientras iba tejiendo una relación con estas personas, empezaron a contarme historias de animales silvestres en sus casas, incluyendo ratones y mapaches. Como ecólogo, me intrigaba cómo un hogar ineficiente puede impulsar la transmisión de enfermedades asociadas a estos animales.
Fue entonces cuando comenzó mi búsqueda. Para mi sorpresa, la única información que existe sobre el tema es la Encuesta Americana de la Vivienda (AHS, por sus iniciales en inglés), que descubrió que las personas que vivían en casas con grietas en las paredes interiores tenían cuatro veces más probabilidades de informar de avistamientos de roedores. Más tarde, busqué obsesivamente por cualquier tipo de recurso que uniera estas dos cuestiones: desde blogs de exterminadores de plagas y folletos de Parques Nacionales, hasta algunos trabajos académicos sobre los lugares de madriguera de mapaches y zorros en zonas urbanas. Pero no encontré nada concreto. Me sorprendió que un tema propicio para la colaboración interdisciplinar no fuera un tema de debate importante entre mis colegas.
¿Cómo se volvió esto un problema?
Crédito: Erik Mclean/Unsplash
La inacción frente a las invasiones de roedores y su relación con la justicia energética en las viviendas empieza por el modo en que las ciudades elaboran sus políticas de infraestructuras, energía y vida salvaje. La mayoría de hogares urbanos empiezan mal construidos o se vuelven ineficientes a medida que envejecen y los materiales de construcción se vuelven más fáciles de penetrar para los roedores. No es una sorpresa que casas viejas y en ruinas sean un sinónimo de grandes ciudades, ni que los roedores al parecer hayan evolucionado para sacar ventaja de esas fallas. Cuando roedores oportunistas en busca de un lugar cálido para anidar lejos de los depredadores se refugian en el interior de las viviendas, un solo animal puede convertirse rápidamente en una infestación. Una rata puede colarse por un hueco del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar, aunque a menudo los potenciales puntos de entrada de los huecos de los cimientos y las rejillas de ventilación son mucho más grandes, lo que facilita el acceso. Una vez que roedores como las ratas marrones están dentro, pueden causar aún más daño masticando cables (lo que puede causar incendios), contaminando los alimentos y transmitiendo alérgenos y virus. La incapacidad de Estados Unidos de arreglar su infraestructura, así como las políticas públicas que premian la construcción de viviendas nuevas y baratas, no hacen sino agravar el problema de mantener a los roedores fuera de los hogares.
El hecho de que roedores urbanos como la rata parda y el ratón doméstico no se consideren animales de caza agrava el problema. Debido a esta clasificación arbitraria, los roedores urbanos casi siempre caen en la jurisdicción de los programas de control de vectores, un esquema que no siempre funciona. A menudo se utilizan cebos tóxicos llamados rodenticidas, a pesar de su escaso éxito matando roedores y del riesgo significativo que representan para los animales que se alimentan de roedores que han ingerido la carnada. Los esfuerzos de las ciudades para reducir las poblaciones de roedores en espacios públicos y privados serán inutiles a menos que incorporen programas de manejo de pestes que incluyan la remoción de basuras y el sellado de infraestructura en donde suelen esconderse los roedores.
Aunque entomólogos y exterminadores llevan pregonando un control integrado de ese estilo como el modelo a seguir desde 1944, el gobierno federal aún tiene que reconocerlo como una estrategia eficaz contra las plagas en las ciudades. Por desgracia, es poco probable que esto ocurra, ya que los recientes recortes presupuestarios y los cambios organizativos han dificultado la obtención de fondos para el control integrado de plagas.
A medida que los edificios decaen y se transforman en refugios perfectos para las plagas, se transforman, además, en hogares lejos de ideales para los seres humanos desde un punto de vista de la eficiencia energética – casi un tercio de los hogares estadounidenses gasta más del 10% de sus ingresos en calentar y enfriar sus viviendas. Si bien las familias pueden recibir apoyos económicos por parte del gobierno, deben vivir en altos niveles de pobreza para calificar, y el programa cuenta con fondos limitados, un alcance reducido y largos tiempos de espera. Asimismo, no existe la obligación de informar sobre la eficiencia energética de un edificio, ni mandatos para adaptar las viviendas a niveles de eficiencia aceptables. Como consecuencia, es probable que muchos residentes, incluidos arrendatarios, vivan y paguen por viviendas inadecuadas que pueden poner en peligro su salud sin tener posibilidad alguna de reclamar.
¿Qué podemos hacer?
Si queremos reducir la presencia de invasores salvajes en nuestros hogares, debemos unir a arquitectos, planeadores urbanos, funcionarios de servicios de salud, académicos en el tema de la energía, economistas y ecólogos. Juntos podemos empezar por entender cuántas plagas (y qué enfermedades transmiten) se cuelan dentro de hogares cada año. Ese podría ser el punto de partida para que las instituciones del nivel estatal y federal puedan destinar más dinero para hacer las reformas profundas que necesitan las viviendas, desde los cimientos hasta el tejado. Con demasiada frecuencia, los programas bienintencionados no acondicionan a fondo las viviendas por falta de financiación, lo que significa que las casas apenas son eficientes y hacen poco por excluir las plagas.
La modernización de tantos hogares es una tarea monumental, pero debe suceder si de verdad queremos ver barrios y hogares realmente justos y saludables. Las y los planeadores urbanos también deben evaluar cómo se relaciona la presencia de plagas en hogares con los espacios verdes, evaluando, por ejemplo, si las instalaciones de los parques como los arbustos frutales atraen a coyotes y zorros, que también se alimentan de roedores, o dónde ubicar papeleras cerradas que mantengan a raya a los roedores.
Es poco probable que las ciudades erradiquen a las ratas y ratones urbanos. Son animales engañosamente inteligentes, fecundos procreadores y, con dietas generalistas, pueden vivir comiendo casi lo que sea. Sin embargo, ya es hora de que dejemos de normalizar su presencia en las ciudades, así como debemos dejar de pretender que solucionar los problemas de precarización de la vivienda es cuestión de dar dinero a las personas vulnerables para que paguen los servicios públicos.
El hogar debería ser un santuario. No obstante, para muchos residentes de bajos recursos, su hogar puede ser una pesadilla que los enferma, les cuesta dinero y disminuye su calidad de vida. Los hogares ineficientes atormentan al cuerpo humano. Un futuro ambientalmente justo es uno en el que todos los hogares, sin importar sus ingresos o raza, son cómodos y están libres de pestes, ofreciendo tranquilidad al mantener a salvo a los seres queridos.
Gabriel Gadsden es un estudiante de segundo año de doctorado en ciencias ambientales de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale. Nació en Carolina del Norte, y está interesado en la conexión entre la justicia energética, la ecología urbana y la salud. Su tesis se enfoca en cómo las desigualdades en el acceso a viviendas energéticamente eficientes afectan la exposición a enfermedades y alergias relacionadas con los roedores en Filadelfia. Más allá de su disertación, trabaja para expandir los paradigmas de distintas disciplinas, incluyendola utilización más amplia de varias iniciativas de justicia medioambiental en ecología, desafiando las percepciones de ciertos paisajes y diversificando la participación del público en la ciencia. Sus cuentas de Twitter: @NcredblyDopeSci y LinkedIn: @Gabriel I. Gadsden.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico para reimaginar soluciones para un planeta justo y saludable.
Tras las décadas, los esfuerzos de estos activistas han inspirado a generaciones de activistas posteriores. Hoy en día, organizaciones nuevas están avanzando a partir de formas tradicionales de acción (como las marchas, los boicots y las sentadas), incluyendo conexiones con científicos y miembros comunitarios, para llenar las brechas en investigaciones sobre la exposición a pesticidas. A la vez, organizaciones establecidas como el sindicato la Unión de Campesinos buscan modos innovadores de llegar a los trabajadores de primera línea con información en tiempo real sobre los riesgos de salud y seguridad laboral como la exposición a pesticidas, al COVID, al humo de los incendios forestales y a calor extremo.
La periodista Zaydee Sanchez viajó por los valles de San Joaquín y Salinas en California y habló con cuatro personas cuyas trayectorias al activismo son diferentes una de la otra. Juntas, sus historias ilustran las complejidades de organizar dentro de comunidades enfrentando desafíos como diferencias lingüísticas, el estatus inmigratorio, y el racismo sistémico – y nos explican que les mantienen motivados.
Este es el tercer reportaje de “A la Deriva”,una serie de tres reportajes sobre el uso de pesticidas en California de Environmental Health News y palabra, una plataforma multimedia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. La serie expone cómo las comunidades de color y los trabajadores agrícolas están expuestos de manera desproporcionada a algunos de los químicos más peligrosos aprobados para uso agrícola.
To read in English, click here.
Americo Prado: el socorrista
Americo Prado es un líder del Programa de Alivio a Emergencias de la Unión de Campesinos en Bakersfield, California.
Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Las paredes de las nuevas oficinas de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés) en Bakersfield, California son blancas y desnudas. Indicios del olor a pintura nueva flotan de cuarto a cuarto. Americo Prado todavía no ha tenido tiempo de decorar su espacio; durante la mayoría de la pandemia él ha estado trabajando desde su casa. Prado, un hombre alto de 27 años, es un supervisor del programa de alivio de emergencias de la UFW en California, y es apreciado por la comunidad como un líder cariñoso de este proyecto que empezó en 2020.
El programa de servicios nacional está dividido en un esfuerzo de campo que ayuda a los trabajadores a acceder a las vacunas contra el COVID, a equipos de protección personal, y a servicios como bancos de alimentos. Prado supervisa la otra mitad del programa, un centro de llamadas gratuitas que de lunes a viernes responde a todo tipo de preguntas, desde sobre derechos de los trabajadores a orientaciones sobre leyes inmigratorias.
Pero muchas veces lo que les preocupa a los que llaman es la exposición a pesticidas.
“La gente nos ha llamado constantemente sobre los pesticidas, o por exposición directa o indirecta”, dice Prado. “A veces hay campesinos que están trabajando de sección a sección, y sin saberlo entran a una sección que apenas ha sido tratada con pesticidas. Han llegado un cuarto del camino y se empiezan a sentir los síntomas de exposición a pesticidas, sus ojos que le lloran o se le salen erupciones. En esas instancias, nos movilizamos”.
Cuando se trata de reportes de pesticidas, Prado y su equipo trabajan con prisa. Prado sabe que su trabajo es mantener a la comunidad segura. “Primeramente aseguramos que los trabajadores están seguros. Si tenemos que llamar al 911 para que obtengan ayuda, ofrecemos servicio de traducciones. La salud es lo primero”, dice Prado.
El estatus legal de la gente puede hacer que teman llamar al 911. La historia de abogar por los derechos de los trabajadores agrícolas de la UFW ayuda a que el sindicato provea una alternativa más segura.
Después de una llamada, Prado y su equipo (que son cuatro en California) coleccionan los datos. Se hace un reporte de incidente para las investigaciones de reguladores de agricultura y pesticidas locales, estatales o hasta federales. Y, si hace falta, el equipo de Prado manda a un organizador de la UFW a representar, o proteger, a la persona que llamó.
“Tuvimos un ejemplo donde un trabajador era indocumentado, y su supervisor le colgaba eso sobre su cabeza, y le hizo botar pesticidas en un río cercano”, dice Prado. “Entonces, en ese caso movilizamos a la EPA (la Agencia de Protección Ambiental). Hemos visto un poco de todo”.
Prado nota que las líneas del centro reciben llamadas constantemente de trabajadores agrícolas con reportes y consultas frecuentes sobre la exposición a pesticidas. Sin embargo, él está convencido de que muchos más trabajadores temen hacer reportes sobre el asunto. “Hay mucha gente viviendo cheque a cheque”, dice Prado. “Preferirían mantenerse en silencio y tratar de auto-medicarse en vez de reportarlo porque no quieren perder el trabajo. No quieren caer en la lista negra. Tristemente, es algo que suele pasar.”
Represalias como reducciones de salario o ser puestos en las listas negras de los granjeros y los contratistas de trabajo es una preocupación de muchos trabajadores agrícolas. “Intentamos informarles a los trabajadores que ‘Oiga, usted sí tiene derechos’”, dice Prado. “Nuestro lema es que queremos brindar esa actitud de sí se puede para que el trabajador tome acción”.
La pasión que Prado tiene por trabajar en UFW comenzó con sus padres. Su mamá, originalmente de Tijuana, y su papá, del estado mexicano de Michoacán, trabajaban en los campos cerca de Oxnard, en la costa hacia el norte de Los Ángeles. “Mi mamá siempre quería que tuviéramos una educación americana que nos daría acceso a oportunidades de trabajo o estilo de vida mejores”.
Cuando era niño, la familia de Prado se mudó a Bakersfield, a unas 145 millas hacia el noreste de Oxnard. En California State University, Bakersfield, Prado sacó su licenciatura en historia. Después de sus estudios universitarios, mientras trabajaba en una mueblería, Prado encontró un anuncio para un trabajo en la Fundación UFW. “Yo dije, mira, esta es una organización sin fines de lucro. Yo me pude ver haciendo este trabajo y aportando algo a mi comunidad. Y inmediatamente pensé en mis padres y en mi familia”, dice Prado.
Silvia Zamora: poder comunitario
Silvia Zamora se protege del aire polucionado usando cubiertas faciales. Después de mudarse de Silicon Valley a Cantua Creek, Zamora dice que apenas está empezando a aprender sobre el impacto de los pesticidas en los seres humanos, y se siente agradecida por el involucramiento de la comunidad.
Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Cuando Silvia Zamora recién se había mudado a Cantua Creek, un pueblito a 45 minutos hacia el suroeste de Fresno, en el valle agrícola de San Joaquín, California, todos en su familia se quedaron enamorados del nuevo entorno. El pueblo rural, con sus huertos de almendra y pistacho y un sinfín de campos con filas verdes, abraza al arroyo Cantua Creek, un tributario de Fresno Slough que fluye por el lado oeste del pueblo. Sus atardeceres, con colores cálidos encima de campos bucólicos, dejan a visitantes y nuevos residentes asombrados.
Viniendo de Silicon Valley, Zamora nunca había visto tanta naturaleza. Y ella tampoco sabía mucho sobre los pesticidas. “Pasaba la avioneta fumigando y mi hijo emocionado porque todo esto era nuevo para nosotros”, dice Zamora. “Pasaba por encima de las casas, mi hijo estaba acostado arriba del techo, filmando y tomando fotos”.
La avioneta a que Zamora refiere se usa para fumigar a los campos agrícolas con pesticidas. Su casa está al otro lado de la cerca de un huerto de almendros y unos campos que con las estaciones cambian entre siembras de ajo y algodón. Zamora es una jardinera apasionada y amante de los animales, y ella pasa la mayoría de su tiempo en su patio cuidando a su jardín de verduras y a sus pollos y conejos.
Al principio, dice Zamora, ella no comprendía del todo los efectos dañinos de los químicos. Ella se acuerda del momento cuando eso cambió: Un día después de que habían fumigado a las siembras de ajo cercanas, ella notó que tres de sus conejitos se habían muerto. Unas horas más tarde, encontró muertos a los conejos adultos también.
“Recuerdo que fui a hablar con mi vecina y contarle lo que había pasado”, dice Zamora. “Empecé a atar los cabos: A los conejos les gustaba vagar por los campos y comer las raíces de los vegetales. Pensé a mi misma, apenas ayer fumigaron y hacía mucho viento”.
Zamora perdió 12 conejos.
“Dije ‘sí esto son los conejos, ¿qué está pasando con nosotros?’ Entonces yo dije no, pues aquí es donde hay que estar y alzar la voz”, dice Zamora.
Residentes de Cantua Creek, California, (de izquierda a derecha) Silvia Zamora, Blanca Gomez y Julia Margarita Alonso participaron en un estudio de monitoreo del aire conducido por la University of California, Davis, en el verano de 2022.
Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
La ocasión de abogar llegó cuando la organización Central California Environmental Justice Network (La Red de Justicia Ambiental del Centro de California) empezó a educar a los residentes de Cantua Creek sobre los efectos dañinos de la exposición a pesticidas. Esto presentó una oportunidad para Zamora y otros residentes de Cantua Creek: hacían falta monitores para un estudio diseñado por investigadores de la University of California, Davis, sobre la calidad del aire. El estudio reclutaba participantes de tres condados del valle de San Joaquín, y se enfoca en un mejor entendimiento del movimiento de los pesticidas desde los campos agrícolas a las comunidades cercanas.
A los participantes les dieron instrucciones de durante ocho horas al día llevar mochilas pequeñas que contenían bombas que chupaban aire en tubos de muestreo. Los participantes usaban las mochilas mientras cocinaban, limpiaban y trabajaban en el jardín.
“Es muy agradable ver que hay gente que se preocupa por estas comunidades”, dice Zamora sobre el estudio. Todavía los investigadores están analizando los resultados, pero Zamora espera que sus esfuerzos saquen a la luz en qué modo las familias están expuestas a pesticidas durante el transcurso de sus vidas cotidianas.
“Esto es importante para todos y pues como nosotros de alguna forma ya vamos saliendo (por envejecernos). Pero vienen muchas generaciones y si no hacemos nada ahorita esas generaciones apenas hay niños que nacen enfermitos. Es muy doloroso ver”.
Linda Martinez: la luchadora
Linda Martinez ha sido una coordinadora del programa de la Unión de Campesinos por alrededor de cuatro años. Su pasión por ayudar a la comunidad de trabajadores agrícolas está arraigada en su amor por su abuela Herlinda, por quien fue nombrada.
Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
El animado evento comunitario en el centro comunitario Leo Cantu Community Center en San Joaquín, California, está lleno de residentes locales conversando con los organizadores. El enfoque del evento es brindar servicios comunitarios gratuitos a la gente, y los visitantes aprenden sobre pruebas de COVID, servicios legales y sobre los derechos de los trabajadores agrícolas, entre otras cosas. Una mesa larga está cubierta con un cartel de tela roja con las palabras United Farm Workers (Unión de Campesinos). Mientras los residentes se acercan a su mesa Linda Martinez, la coordinadora del sindicato en Fresno, se sienta con una mirada de anticipación, vestida con una blusa negra y pintalabios rojo enchilado.
Antes de ser organizadora, Martinez pasó años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas y sus familias. Todavía su enfoque de trabajo es de cerca y muy personal; dice que ve a su abuela en cada trabajador agrícola a quien ayuda.
Martinez se crió en un tráiler, viviendo con su abuela, Herlinda Martinez, en Huron, California, un pueblito a 50 minutos hacia el suroeste de Fresno. Herlinda era trabajadora agrícola, y aunque solo hablaba español, era luchadora, y sabía bien cuáles eran sus derechos. Martinez recuerda que cuando ella tenía seis años, tuvo que traducir las peticiones de su abuela a los mayordomos de la granja cuando ella sospechaba que le habían quitado algo de su cheque. “Ella me decía ‘Linda, dile bien y cuéntale bien el dinero, porque aquí me hace falta un dólar”, dice Martinez. Ella se llama como su abuela y dice que la fuerza y la disposición de su abuela de luchar le llevó a advocar.
“Yo también soy peleonera y me encanta. Me encanta porque ya no tengo miedo. Estoy aprendiendo por educarme profesionalmente. Yo puedo llegar ahí y defenderlos (a los trabajadores). Si me dejan, yo voy ahí y hablo y lo reporto” ella dice.
Muchas veces el día laboral de Martinez incluye eventos organizados alrededor de temas como los derechos de los inmigrantes, campañas de donación de sangre y bancos de alimentos.
Ella también es la organizadora local que el centro de llamadas de la UFW envía cuando alguien necesita ayuda en persona. Los temas de las llamadas varían, pero cuando una se trata de posible exposición a pesticidas, Martinez se mueve rápidamente: Primero ella se asegura de que la persona esté segura, y después ella busca los letreros obligatorios que deben avisar a los trabajadores de las aplicaciones de pesticidas.
Su trabajo implica recolectar detalles para su reporte al comisario agrícola local o al California Department of Pesticide Regulation (Departamento de Regulación de Pesticidas). Ella conoce bien los letreros. “Amarillo significa que como hace dos, tres días ya (fumigaron)”, dice Martinez. “Si están rojos definitivamente ni te metas al campo”.
Los avisos visuales son críticos para los trabajadores indígenas de México que ni leen ni hablan el inglés ni el español. Se estima que en el estado de California hay 165.000 trabajadores agrícolas indígenas de México laborando en los campos: más de la mitad hablan mixteco y otro 30% hablan zapoteco. Martinez se ha enfrentado a barreras de idioma ella misma: Cuando no tiene un traductor a su lado ella tiene que depender de los letreros e inclinaciones de cabeza para guiar a los individuos. “Si tú de verdad quieres ayudar a una persona, no importa el lenguaje. No importa la cultura”, ella dice. “Si de verdad intentas, puedes transmitir tu mensaje”.Victor Julian Torres: la nueva generación
Victor Torres ha estado abogando para que los jóvenes de su pueblo, Greenfield, California, se involucren en la reforma de los pesticidas. Él y su hermano, Santiago, educan a sus amigos sobre los efectos dañinos de los pesticidas. “Somos el futuro”, dice Torres.
Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Victor Julian Torres, un estudiante de 11º grado en la preparatoria Greenfield High School en Greenfield, California, ha sido miembro de la coalición Safe Ag Safe Schools (SASS o Agricultura Segura Escuelas Seguras) desde que estaba en el 6º grado. La coalición consiste en más de 30 organizaciones enfocadas en proteger de pesticidas peligrosos a los niños escolares en el condado de Monterey, un condado de California repleto de granjas. Torres, un adolescente delgado de actitud acogedora, se enfrentó a un incidente de vida o muerte, lo que le impulsó al activismo educando a los jóvenes de su región sobre los efectos dañinos de la exposición a pesticidas cerca de las escuelas.
Greenfield queda aproximadamente 40 minutos hacia el sureste de Salinas, en el corazón de un valle lleno de viñedos y campos de vegetales con destino a supermercados en todo el país. Un reporte publicado en 2014 por el California Department of Health (Departamento de Salud) encontró que el condado de Monterey tenía el número más alto de escuelas cercanas a la concentración más alta de uso de pesticidas en todo el estado. El campus de Vista Verde Middle School en Greenfield, donde Torres asistió al 6º grado, está rodeado de viñedos al oeste y al sur.
Temprano en la mañana del 9 de febrero de 2017, un día que Torres recuerda como un día escolar normal, él estaba en su aula, con la puerta abierta, cuando le empezó a ser difícil respirar.
“Empecé a sentir un olor fétido y poco tiempo después me empezó a faltar el aire”, dice. “Era muy raro porque nada malo había pasado ese día, todo iba bien, y después de pronto me está siendo difícil respirar. Me tomó totalmente desprevenido. Fue muy surreal”.
Un médico diagnosticó un ataque de asma. Torres sabía que era asmático, pero nunca había tenido un ataque severo. Él no estaba consciente de lo que estaba pasando con su cuerpo, ni tampoco lo que le estaba haciendo jadear por falta de aire. Torres no estaba solo en su confusión. Su profesor intentó darle agua para ver si él tal vez estaba deshidratado. Pero eso no ayudó, entonces mandó a Torres a la enfermería de la escuela. De ahí llamaron al abuelo de Torres, quien vivía enfrente de la escuela. Estando en la casa del abuelo, tuvieron que llamar a una ambulancia.
Después de esta experiencia traumática, Torres decidió unirse a SASS. Él y Santiago, su hermano menor, empezaron a hablar con otros jóvenes en la comunidad. Los amigos de Santiago fueron inspirados y se unieron a los hermanos en el movimiento.
Para Torres, un momento cumbre en su activismo fue en 2019, cuando SASS y sus socios de la coalición abogaron por la prohibición del pesticida organofosforado clorpirifos, que ha sido asociado con bajo peso al nacer y problemas del desarrollo en los niños. “Después de mucha comunicación a Sacramento intentando llamar la atención de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), el gobernador, y asistiendo a un abandono del edificio de la EPA en Sacramento durante un aguacero, logramos que se prohibiera (el clorpirifos)”, dice Torres. “Era un gran hito para mi pero me siento que el trabajo todavía no se ha terminado”.
En octubre del 2019, el Department of Pesticide Regulation (Departamento de Regulación de Pesticidas) de California anunció la prohibición de clorpirifos en la agricultura. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) de los E.E. U.U. prohibió el uso de clorpirifos en productos alimenticios en 2021.
Torres continúa animando a sus pares a involucrarse en las organizaciones comunitarias. “La juventud es muy ruidosa y necesitamos mantenernos involucrados porque somos la siguiente generación” dice.
Zaydee Sanchez es cronista visual, fotógrafa documental y escritora mexicana-estadounidense. Inspirada en su crianza en California en el valle agrícola de San Joaquín, en el pueblo de Tulare, su trabajo está arraigado en abordar las complejidades de la migración. Con un enfoque en los trabajadores, el género y el desplazamiento, ella busca que su trabajo sea significativo e impactante.
Click here to read this story in English.
BAKERSFIELD, Calif. — En la cocina de su casa rodante, Flor Alvarado escucha atentamente una reunión virtual y toma notas mientras Alexa y Alison, sus gemelas de siete años, juegan tranquilamente en la sala. Alvarado vive en Bakersfield, en el extremo más al sur del sofocante valle de San Joaquín, en California, donde no es raro que las temperaturas alcancen los tres dígitos fahrenheit. El aire acondicionado zumba tratando de mantener la casa fresca mientras la voz de una activista comunitaria resuena en la pantalla del teléfono de Alvarado. Mira a sus hijas: es casi la hora de cenar.
Alvarado se unió a este grupo para apoyar a las trabajadoras agrícolas y prepararlas para asumir cargos de liderazgo comunitario. Es la primera de varias organizaciones a las que se ha unido desde 2019, pocos años después de que naciera la activista que lleva dentro.
Antes del valle de San Joaquín, Alvarado y su familia vivían en Oxnard, a una hora y media en coche del noroeste de Los Angeles, en el condado de Ventura, en donde vastos campos de fresas llenan los llanos cercanos a la costa. Allí fue donde Alvarado cambió de trayectoria y se unió a las filas del activismo, después de que un incidente pusiera en peligro su vida y trastocara sus días como trabajadora agrícola y madre.
En una mañana de diciembre de 2014, mientras trabajaba en uno de los campos de fresas de Oxnard, Alvarado sufrió lo que ella cree fue una reacción aguda a una fresa que se comió y que estaba cubierta de residuos de pesticidas. Tenía tres meses de embarazo. Poco después de comerse la fresa, Alvarado notó sangrado vaginal y corrió a un baño portátil. Asustada y confundida, decidió irse a casa, pero el sangrado no se detenía. Luego empezaron a aparecer sarpullidos.
Las fresas son uno de los principales cultivos de Oxnard, donde se celebra anualmente el Festival de la Fresa de California. Las fresas no-orgánicas son sometidas con frecuencia a tratamientos con pesticidas, lo que supone un riesgo para los trabajadores agrícolas y los residentes cercanos.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Alvarado manejó hasta el hospital, donde un doctor le dijo que corría el riesgo de perder a sus hijas. Fue entonces cuando se enteró de que estaba esperando gemelas. El médico le recomendó que dejara de trabajar.
Más tarde, los compañeros de trabajo de Alvarado le dijeron que el campo que ella había estado cosechando esa mañana había sido tratado con pesticidas durante el fin de semana. Le dijeron que otros trabajadores también se habían enfermado ese mismo día.
La historia de Alvarado resuena entre las multitudes de trabajadores agrícolas, familias, y comunidades de California a menudo expuestas a pesticidas con un conocimiento limitado de dónde, cuándo, y qué sustancias químicas tóxicas se han utilizado.
Pero ahora Alvarado se ha unido a los implacables activistas que han luchado por la reforma de los estándares de seguridad de los pesticidas y quienes recientemente obtuvieron una victoria histórica: décadas de trabajo de la Californianos por la Reforma de Pesticidas (CPR, por sus siglas en inglés) y sus más de 200 organizaciones asociadas lograron la aprobación de normas más estrictas y, a partir de 2024, el estado exigirá la notificación previa de qué pesticidas se aplicarán en los campos y cuándo.
Hoy en día en California se envían notificaciones públicas para alertar a las comunidades sobre asuntos como secuestros de niños, incendios forestales, y condiciones meteorológicas adversas. Pero a pesar de las décadas de investigaciones que han relacionado a los pesticidas con problemas de salud, el público no recibe advertencias sobre cuándo se aplicará un pesticida tóxico.
Eso cambiará ahora que el Gobernador Gavin Newsom ha destinado $10 millones para que el Departamento de Regulación de los Pesticidas de California (DPR por sus siglas en inglés) crea un sistema de notificación estatal. El público tendrá acceso a una plataforma en línea para informarse sobre las aplicaciones futuras en una zona determinada de cientos de los pesticidas más peligrosos. El activismo comunitario fue clave para garantizar la financiación del programa en el presupuesto de 2021, dijo la vocera del DPR Leia Bailey.
Si bien California no es el primer estado en requerir que se notifique con antelación la aplicación de pesticidas, su sistema pretende ser el más completo y accesible. Además de brindarle información al público para proteger su salud, los activistas esperan que el sistema genere una mayor conciencia sobre la exposición a los pesticidas y aumente la presión pública para mejorar la normativa sobre estas sustancias en California y a nivel nacional.
El sistema de notificaciones será también una poderosa herramienta para los investigadores y funcionarios de salud pública para que monitoreen enfermedades y estudien sus posibles vínculos con los pesticidas, y, además, podría servir de modelo para otros estados, dijo Pamela Lein, profesora de neurotoxicología en la Universidad de California, Davis.
“Estas notificaciones pueden ser increíblemente importantes y útiles para que los científicos intenten encontrar la asociación entre la exposición (a pesticidas) y efectos adversos para la salud”, comentó Lein.
Disponer de esos datos permitirá a los investigadores y funcionarios de salud pública distinguir más fácilmente los pesticidas de otras fuentes de contaminación.
Lein compara la notificación de pesticidas con la época en que las autoridades sanitarias empezaron a hacer campaña sobre los efectos nocivos para la salud de fumar cigarrillos. “Cuando escuchas hablar sobre esto a las personas en las cuales confías para que cuiden tu salud, es más probable que la comunidad … empiece a involucrarse en protegerse a sí misma”, dijo.
Los campos de pruebas son cuatro comunidades en los condados de Ventura, Riverside, Stanislaus, y Santa Cruz, donde el año pasado se probaron diferentes versiones de un sistema de notificación.
“Estamos trabajando con los comisionados agrícolas de varios condados del estado en los pilotos voluntarios para probar diferentes elementos del diseño del sistema”, dijo Karen Morrison, subdirectora jefe en funciones del DPR. Morrison dijo que un análisis de la efectividad de los proyectos piloto informará el diseño del sistema estatal.
No obstante, en talleres públicos convocados por el DPR en noviembre de 2022, los residentes y activistas expresaron preocupación respecto a la accesibilidad de la plataforma. Temen que el sistema no proporcione las horas y lugares específicos en los que se aplicarán los pesticidas.
Mientras el estado toma nota de los comentarios del público, un componente ya decidido del sistema de notificación es que solo incluirá pesticidas de uso restringido, es decir, aquellos considerados más peligrosos para la salud pública y el medio ambiente.
“Hay muchos pesticidas peligrosos que no están restringidos”, afirma Jane Sellen, codirectora de CPR. “Cualquier pesticida tarda mucho tiempo en aparecer en esa lista. Existe el principio de ‘considerarlo seguro hasta que se demuestre lo contrario’, y toma décadas demostrar lo contrario. Pero tomaremos (el sistema de notificación) como punto de partida”.
Ventura County’s annual $2 billion agricultural industry produces a variety of crops, including beans, strawberries, citrus, onions and celery.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Un cartel en español al lado de los campos agrícolas de Oxnard alerta a los conductores para que reduzcan la velocidad cuando hay niños cerca a la vía. Pero las comunidades no reciben ninguna advertencia previa sobre las aplicaciones de plaguicidas y sus daños potenciales para la niñez y otras personas.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
De trabajadora agrícola a activista
Prevenir que otras familias se vean expuestas a pesticidas es lo que motiva a Alvarado, quien empezó a trabajar en los campos de Oxnard con su mamá y hermano cuando tenía 14 años.
Originaria de la ciudad de Pachuca, en México, su familia vivió una vida de trabajo migrante, siguiendo las temporadas de cosecha de fresas, tomates, y chiles y trabajando después en viveros de diversos cultivos. Alvarado dijo que la reacción adversa que tuvo en 2014, cuando estaba embarazada, no fue su primera exposición aguda.
“Yo empecé a trabajar desde muy chica … Yo no tenía conocimiento absolutamente de nada”, dice. “Echaban como un tipo de polvo blanco … ese polvito se quedaba en la mata (planta) y yo notaba que en ocasiones yo no llevaba guantes y eso me picaba las manos, me salían como ronchas…Y mi mamá siempre decía que era por los pesticidas, o era el químico o el polvo, pero me decía: ‘ponte guantes y ya’. Pero yo notaba que era algo extraño”.
Alvarado está convencida que la exposición aguda que sufrió en 2014, así como los años que ha pasado en campos fumigados, afectó el desarrollo de sus hijas. Recuerda que tras el nacimiento de las gemelas, tuvo que hacer visitas sin fin al hospital, pues siempre estaban enfermas. A medida que sus hijas crecían, notó retrasos en ciertas etapas del desarrollo como caminar y hablar.
Entre las madres que trabajaban en el campo, empezaron a compartir que "pues igual que mi niño tiene aprendizaje lento y que mi niño está igual que el tuyo”, cuenta.
Las habitaciones de Alexa (izq.) y Alison (der.) están pintadas de rosado, su color favorito. Su mamá, Flor Alvarado, cree que una exposición aguda a pesticidas durante su embarazo, de la mano de años de trabajo en campos tratados con pesticidas, afectaron el desarrollo de las niñas.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
En ese momento, Alvarado entendía muy poco sobre los efectos en la salud que tiene la exposición a pesticidas, y tampoco había recibido entrenamiento alguno al respecto.
A veces rociaban las plantas donde estaban trabajando, dice. “Yo le decía al mayordomo y él decía que era solamente agua para lavar las plantas o era para que quitara el polvo… Pero nunca nos decían qué era, pero olía muy feo y nosotros sabíamos que era spray y pues no nos daban ningún equipo de protección, nada, simplemente nosotros nos cubríamos con lo que podíamos”.
En California, la ley obliga a los empleadores a entrenar a los campesinos que trabajan en campos tratados con pesticidas. El entrenamiento debe darles información sobre los efectos de los pesticidas y cómo protegerse.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) también requiere que a nivel nacional los empleadores le den materiales de entrenamiento sobre pesticidas a los trabajadores agrícolas según el llamado Estándar para la Protección del Trabajador (WPS) Programa de Pesticidas (WPS, por sus siglas en inglés) de la EPA. El WPS se actualizó en 2015, exigiendo que los trabajadoras agrícolas reciban formación anualmente en lugar de cada cinco años.
Pero Alvarado dijo que no recibió entrenamiento alguno hasta 2019. “La junta no tardaba más de cinco minutos”, recordó. “Te daban una hoja que firmaras que se te estaba dando ese entrenamiento”.
Por la época en la que recibió su primer entrenamiento, Alvarado decidió involucrarse en la lucha por la reforma de las leyes de pesticidas.
Exposición a los pesticidas: el conocimiento es poder
Los plaguicidas se han relacionado desde hace tiempo con problemas crónicos de salud como el cáncer, los partos prematuros, el autismo, y daños en el cerebro y el sistema nervioso. Con ingresos de unos $51 mil millones, California es el principal estado agrícola de Estados Unidos. Es, además, líder en la aplicación de pesticidas, con más de 200 millones de libras (unos 90 millones de kilos) usadas cada año.
Muchos en agricultura industrial dicen que los pesticidas son esenciales para prevenir las pérdidas de cosechas debido a insectos, enfermedades, y malezas. No obstante, los trabajadores agrícolas y líderes sindicales y expertos en salud llevan décadas advirtiendo sobre las consecuencias de exponerse a pesticidas – sobre todo para los migrantes latinos e indígenas quienes dominan las filas del trabajo agrícola. Se calcula que cada año entre 500,000 y 800,000 trabajadores agrícolas laboran en los campos de California, y 83% de ellos se identifican como hispanos o latinos. Un estudio publicado en 2022 en la revista científica BMC Public Health descubrió que todo el uso de pesticidas en el estado se produce en el 60% de los códigos postales de California que albergan los mayores porcentajes de personas de color.
Alvarado y sus hijas se mudaron hace poco de Oxnard a Bakersfield, en el Valle de San Joaquín. Una de las ventajas de su nuevo hogar es el parque infantil comunitario.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Los expertos en salud pública afirman que un sistema de notificación previa ayudaría a los trabajadores y residentes a protegerse.
“Si los funcionarios de salud pública alertaran que se va a fumigar con los pesticidas x, y, z en este sector o en esta comunidad en estas fechas, urgiríamos a todo el mundo que se encontrara a cierta distancia del lugar de aplicación para que redujeran a un mínimo el tiempo que pasen afuera”, dijo Lein. “Les pediríamos que se aseguren de cerrar bien sus ventanas. Que si salen al aire libre, usen una mascarilla y laven bien su ropa (al regresar a sus casas). Y que si tienen desordenes respiratorios sean particularmente cuidadosos”.
Alvarado cree que el sistema ayudaría, además, a que las y los trabajadores entiendan sus derechos. “Uno como campesino obedece al patrón, pero si tú escuchas otra opinión, tú dices: ‘Yo no lo puedo hacer. Hay leyes que me protegen’”.
Lein dice que el sistema de notificaciones previas tiene el potencial de reducir los daños en la salud por exposición a los pesticidas – particularmente efectos agudos como los que experimentó Alvarado. “Creo que tenemos una oportunidad real de ver una reducción de los efectos adversos para la salud asociados a las exposiciones agudas”.
Un cambio conseguido con mucho esfuerzo
La lucha por un nuevo sistema de notificación empezó en 1996, cuando se fundó CPR. Lo que unió a los activistas bajo la bandera de CPR fue la derrota en 1990 de la propuesta de ley 128 de California, conocida como “Big Green”.
La medida “Big Green” proponía eliminar docenas de pesticidas, pero los votantes del estado la rechazaron. Esa derrota llevó a la fundación de CPR.
“Nos dimos cuenta de que teníamos que reunir a todo el mundo y centrarnos en los pesticidas”, dijo Sellen.
Luego llegaron los triunfos, incluyendo la aprobación de políticas estatales como las zonas de separación escolar en 2017, que prohíben aplicar pesticidas durante el día a menos de 400 metros de escuelas y guarderías. En 2019, California practicamente prohibió cualquier uso agrícola de los químicos tóxicos llamados clorpirifos, que fueron creados primero por los Nazis como un arma de guerra. Numerosas investigaciones han relacionado los clorpirifos con daños cerebrales y defectos congénitos en los niños. De la mano de estas victorias, renació la idea de un sistema de notificación de plaguicidas.
Gustavo Aguirre Jr., ex director del condado de Kern de la Red de Justicia Medioambiental de California Central, abogó por un sistema local de notificación de pesticidas en Shafter, una pequeña comunidad agrícola cercana a Bakersfield.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
La primera prueba de un protocolo de notificaciones se llevaría a cabo en Shafter, una pequeña ciudad con una mayoría de habitantes latinos ubicada al noroeste de Bakersfield. Rodeada por campos de algodón y granjas de pistachos y almendras, la ciudad está entre la carretera interestatal 5 y la autopista 99, en la tierras bajas del valle Central de California.
En 2017, el estado aprobó una ley histórica, la AB617, que busca reducir la contaminación en el aire en comunidades vulnerables y financia la participación de estas comunidades en las soluciones. Los residentes y grupos ambientalistas locales como el Central California Environmental Justice Network (CCEJN, por sus siglas en inglés) presionaron exitosamente para que el estado incluyera a Shafter, que sufre de contaminación atmosférica por el alto tráfico vehícular y las industrias agrícola, de gas, y de petróleo.
Los organizadores de base en Shafter lucharon con fuerza por un sistema de notificación de pesticidas, y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) destinó $250,000 para construirlo.
“Esa fue una gran, gran victoria”, dijo Sellen. “Entonces, el comisario de agricultura del condado de Kern, Glenn Fankhauser, simplemente se negó”.
‘No creo que vaya a resolver ningún problema de exposición a los pesticidas’.
En California, los comisionados de agricultura, quienes son nombrados por los funcionarios de cada condado pero trabajan bajo el mando de los reguladores de pesticidas estatales, son los responsables de hacer cumplir las leyes estatales del sector agrícola. Monitorear el uso de pesticidas representa el 60% de su carga de trabajo.
“Tenemos una autoridad jurídica muy complicada sobre los comisionados agrícolas”, dijo Sellen. Los organizadores de Shafter presionaron a Fankhauser para que implementara el sistema local de notificación de pesticidas, pero no lo consiguieron.
EHN y palabra se sentaron con Fankhauser en su oficina en Bakersfield para preguntarle sobre las notificaciones de aplicación de pesticidas.
Si bien Fankhauser reconoció que el “derecho del público a saber” es un argumento válido a favor de un sistema de notificación, dijo que no lo ve como una herramienta efectiva para proteger la salud de la comunidad. “No creo que vaya a resolver ningún problema de exposición a los pesticidas”.
A pesar de la oposición de Fankhauser a un sistema de notificación local, Sellen dijo que Shafter “abrió el camino a una forma de hacerlo realidad” y la continua presión de CPR y sus socios condujo finalmente a la financiación de un sistema a nivel estatal.
“Creo que cuando Shafter falló, eso puso mucha presión política … para crear un sistema a nivel estatal”, dijo Sellen. “El estado iba a tener que ejercer el liderazgo y eso iba a requerir mucho capital político”.
Fankhauser también se opuso al sistema estatal, pero dijo que ahora que el estado ha decidido continuar con la implementación, no tiene ningún problema en acatarlo. Sin embargo, Shafter no será un sitio piloto para el sistema estatal.
La derrota en Shafter golpeó a los miembros de la comunidad que habían luchado por el sistema de notificación, dijo el ex director del CCEJN en el condado de Kern, Gustavo Aguirre, Jr. “Básicamente, el estado vino y dijo: ‘Felicitaciones, gracias a ustedes tenemos un (sistema de) notificación a nivel estatal. Pero vamos a hacer esto fuera del valle. Y entonces, una vez que se implemente en todo el estado, ahí sí los beneficiará a ustedes’. Esta es la injusticia a la que desgraciadamente están acostumbradas estas comunidades”.
Junto al condado de Kern, otros funcionarios del valle de San Joaquín en Tulare, Fresno, San Joaquín, y Madera también se negaron a participar en el proyecto piloto. Estos están entre los nueve condados que juntos comprenden la región agrícola más productiva a nivel mundial – y también la que tiene un mayor uso de pesticidas.
El condado de Stanislaus, conocido por su viñedos y extensos huertos de almendros, es el único condado en el valle que participará del proyecto piloto, pero no sin controversias.
Una cosecha de preocupaciones comunitarias
Los cultivos agrícolas bordean el barrio de Nyeland Acres, en Oxnard, California. La comunidad participa en un proyecto piloto que servirá de base para el diseño del sistema estatal de notificación de pesticidas.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
El proyecto de Stanislaus se está llevando a cabo en Grayson, un pequeño pueblo de poco más de 1,500 personas – casi todos hispanos – unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Modesto. Grayson esta rodeado de granjas, con el río San Joaquín corriendo al oeste y la autopista 33 al este.
Bianca Lopez, la co-fundadora de la organización Valley Improvement Projects for Social and Environmental Justice (Proyectos de Mejora del Valle para la Justicia Social y Ambiental), dijo que agradece que el comisionado agrícola del condado de Stanislaus, Kamaljit K. Bagri, se ofreciera como voluntario para el proyecto piloto. Pero, Lopez dijo, “si vamos a hacer un piloto, hagámoslo bien”.
Miembros de la comunidad dijeron que han subrayado la importancia de incluir los sitios exactos en donde se aplicarán pesticidas. También quieren una plataforma en línea que sea fácil de navegar en la que las comunidades puedan encontrar el nombre del pesticida, los efectos negativos conocidos o presuntos sobre la salud, y los horarios previstos de aplicación. Esperan que la versión final de la plataforma pueda funcionar en varios idiomas, reflejando así a las comunidades de habla hispana y lenguas indígenas. Lopez dijo que los habitantes de Grayson piensan que la página web piloto, que requiere registrarse y crear un usuario con contraseña, es complicado y les decepciona que no proporcione la ubicación exacta de las aplicaciones de pesticidas. “Básicamente me está diciendo lo que yo ya sé. Que estamos siendo fumigados, a todas horas del día. No nos dio ninguna información adicional sobre la verdadera ubicación de las aplicaciones”.
Problemas similares han afectado al proyecto piloto de notificación del condado de Ventura, que se lanzó en la primavera pasada en el vecindario de Oxnard llamado Nyeland Acres. Esta comunidad, mayormente latina, limita al este con la autopista 101 Ventura, al norte con viveros, y al sur con campos de frutas y verduras. Los habitantes han estado reacios a registrarse para participar en el proyecto de notificación piloto, dijo Teresa Gómez, organizadora comunitaria de CPR, porque no presenta la ubicación exacta de las aplicaciones de pesticidas.
Añadió que el sistema para inscribirse pide información que no todo el mundo se siente cómodo compartiendo. Porque un 75% de los trabajadores agrícolas en California son indocumentados, muchos temen repercusiones si comparten información personal.
Cuando se le preguntó a Karen Morrison, la subdirectora jefe en funciones del DPR, porqué las ubicaciones exactas de fumigación no estaban siendo incluidas en los proyectos piloto, dijo que está al tanto de las preocupaciones de la comunidad y que el estado está “teniendo en cuenta esa información conforme avanza en el diseño del sistema a nivel estatal”.
Por algo se empieza
Alexa dibuja con su peluche de pájaro favorito posado en su hombro. La niña de siete años sufre pérdida de audición, pero no ha podido someterse a cirugía debido a demoras por la pandemia.
Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Voluntarios como Flor Alvarado también se preocupan por lo que quedará fuera del eventual sistema estatal de notificación. Pero eso no detendrá su activismo.
En su casa rodante en Bakersfield, cuando la reunión de voluntarios llega a su fin, la luz del sol de verano se cuela entre las cortinas. Su hija Alexa señala un delantal blanco que decoró junto a su mamá y hermana que dice, “Líderes Campesinas Ventura”. La familia comienza los preparativos para otra reunión comunitaria que se llevará a cabo en Oxnard, a dos horas manejando hacia el sur.
Mirando a Alexa, Alvarado recuerda que después del nacimiento de sus hijas regresó a trabajar en los campos de Oxnard. Recuerda que su mamá sufría constantemente de dolores de cabeza, náuseas, y vómitos – tanto, que debía descansar cada cuatro o cinco horas. Al poco tiempo, Alvarado misma empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Decía que llegaba a casa después del trabajo, se tomaba un analgésico, se duchaba, y se iba directo a la cama. Mientras Alvarado abre la nevera buscando qué hacer de cenar, Alexa y Alison entran y salen corriendo de sus habitaciones. Cada habitación está pintada de rosa y pósters del personaje de Elsa de la película “Frozen” decoran sus paredes. Libros para colorear y lápices de color cubren sus alfombras mientras comparten ideas sobre qué van a dibujar.
Alvarado dijo que sus gemelas han sufrido retrasos en su desarrollo. Comenzaron a caminar y hablar a los dos años. Ambas niñas sufren de pérdida auditiva. Alison pudo ser operada, pero por la pandemia del coronavirus, el procedimiento de Alexa se pospuso. Una vez que las gemelas empezaron el colegio, dijo Alvarado, un especialista las examinó y confirmó que tenían problemas de aprendizaje. Muchos pesticidas se han relacionado con bajos pesos al nacer, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, y luego problemas cognitivos en menores.
Al bajar el sol en Bakersfield, Alvarado prende la luz de la cocina. Comienza a limpiar la mesa del comedor de los libros de colorear que Alexa y Alison trajeron. Agarra su delantal de Líderes Campesinas y lo coloca en la encimera limpia de la cocina.
Ha logrado que su mamá y hermana también se involucren en el activismo. “Mi mamá de primero no le gustaba porque me decía que andaba haciendo mucho alboroto”, Alvarado dijo. Ahora, no obstante, la llama para avisarle si están fumigando en el campo donde trabaja. “Yo le digo: ‘toma fotos, toma fotos de todo”.
Zaydee Sanchez es cronista visual, fotógrafa documental y escritora mexicana-estadounidense. Inspirada en su crianza en California en el valle agrícola de San Joaquín, en la ciudad de Tulare, su trabajo está arraigado en abordar las complejidades de la migración. Con un enfoque en los trabajadores, el género y el desplazamiento, ella busca que su trabajo sea significativo e impactante.
Nuestro informe también destaca cómo las comunidades con mayor riesgo de exposición a pesticidas han liderado la tarea para que se promulguen reglas más estrictas y protectoras y aumentar el acceso del público a la información sobre las aplicaciones de pesticidas antes de que sucedan.
La serie se centra en California, pero contiene lecciones para la nación mientras se enfrenta a cómo manejar y regular los tóxicos que se usan para cultivar nuestros alimentos.
Aquí están las historias (To read in English, click here.):
En la primera línea de la exposición a pesticidas
A pesar de décadas de investigación que relacionan la contaminación por pesticidas liberados en el aire con daños a la salud, la regulación sigue siendo débil y deja a los más vulnerables con pocas protecciones.
El nuevo sistema de notificación de pesticidas de California tiene como objetivo proteger la salud pública. ¿Funcionará?
Los activistas comunitarios fueron fundamentales para lograrlo. Pero les preocupa que no llegue lo suficientemente lejos para proteger a las comunidades rurales y a los trabajadores agrícolas del daño de los pesticidas.
Movilizando contra los pesticidas
Activistas de dos de las regiones agrícolas más grandes de California describen la lucha para proteger a las comunidades y los trabajadores de la exposición a pesticidas.
Lo que encontramos
La colaboración entre EHN y palabra revela que:
- Cientos de millones de libras de pesticidas se aplican a los cultivos de California cada año, la cuota más grande del uso de pesticidas agrícolas en los Estados Unidos. A nivel nacional, se ha estimado que se aplican anualmente mil millones de libras (453.592.370 kilogramos).
- Los reguladores estatales y federales descuidan en gran medida a las comunidades agrícolas cuando se trata de abordar la contaminación por pesticidas liberados en el aire, lo que a menudo deja a los residentes batallando condado por condado para descubrir cómo los pesticidas están afectando la calidad del aire local.
- No existen límites federales que restrinjan la cantidad de mezclas de pesticidas agrícolas permitidas en el aire. A pesar de la creciente evidencia de los vínculos entre los pesticidas y una amplia gama de efectos agudos y crónicos en la salud, el cambio ha sido lento, gradual y, a menudo, impulsado por los más afectados.
- El uso de pesticidas es el tipo de contaminación con las mayores disparidades raciales, étnicas y de ingresos en California. Las comunidades de color y las comunidades pobres de los EE. UU. se ven más afectadas por la exposición a pesticidas que el resto del país.
- Las comunidades fronterizas continúan liderando la lucha por niveles más altos de protección. Los activistas han conseguido la prohibición de algunos de los pesticidas más peligrosos y han persuadido al estado para que promulgue zonas de amortiguamiento entre las escuelas y los sitios de aplicación de pesticidas agrícolas. Recientemente prevalecieron en una lucha de décadas por un sistema estatal para proporcionar al público una notificación anticipada sobre las aplicaciones planificadas de pesticidas.
Lo que escuchamos
Que tiene que pasar
Aquí hay algunas acciones para ayudar a producir un cambio que provoque resultados significativos a nivel nacional y local sobre la seguridad y la reforma de los pesticidas:
Estudios más rigurosos, sistema regulatorio más sólido: A pesar de décadas de investigación, los expertos están llamando cada vez más la atención sobre las persistentes brechas de conocimiento, así como sobre los fallos en los métodos científicos utilizados para evaluar los riesgos de los pesticidas para la salud humana. Eso incluye la necesidad de una mejor comprensión de los impactos adversos asociados con los pesticidas en dosis mucho más bajas que las que se han medido tradicionalmente. También significa reducir la investigación patrocinada por la industria en las evaluaciones gubernamentales de salud y seguridad de pesticidas.
Escuche a las comunidades de primera línea: Al abordar esta serie, primero nos reunimos con miembros de las comunidades afectadas y planteamos una pregunta simple: "¿Qué sería útil?" Las personas pidieron que complementáramos nuestros informes detallados con un kit de recursos de acción bilingüe, desde infografías ricas en imágenes hasta videos que desglosen la información sobre la exposición a pesticidas en explicaciones simples y formas de protegerse. Y así lo hemos hecho. Aquí hay ideas para cualquier organización que busque aumentar la relevancia, accesibilidad y utilidad de sus recursos de información para las personas afectadas por los pesticidas.
Corra la voz: Al final de la página, hemos preparado un kit de recursos informativos sobre la exposición a pesticidas para ponerla en manos de quienes los necesitan. Puede ayudar siguiéndonos en redes sociales y compartiendo nuestros videos, guía explicativa, infografías y publicaciones en las redes sociales con su comunidad, familia y redes profesionales. Muchas de las organizaciones que aparecen en nuestros informes también brindan oportunidades para aprender más, buscar soluciones y conectarse con otras personas preocupadas por los pesticidas y la salud.Sobre nuestra colaboración
Environmental Health News es una galardonada organización no partidista dedicada a impulsar la ciencia en el debate público, en las leyes y políticas públicas. palabra es una plataforma multimedia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos donde los periodistas independientes cubren historias y comunidades que han sido ignoradas en los medios de comunicación más grandes debido a la ideología de que las noticias 'étnicas' son solo un problema para las comunidades marginadas y no un problema humano.
Queríamos que nuestros reportajes estuvieran basados en ciencia confiable y guiados por las necesidades de información de las personas más afectadas. Comenzamos organizando una serie de conversaciones informales con miembros de comunidades muy afectadas por pesticidas agrícolas para aprender más sobre sus preguntas y desafíos. La asociación entre EHN y palabra refleja un compromiso compartido con el periodismo bilingüe, amplificando las voces de la comunidad y colaborando con periodistas que poseen un profundo conocimiento y confianza en las comunidades desde las que informan.
Sigua el impacto de nuestra serie en Twitter en los hashtags: #Adrift (inglés) y #AlaDeriva (español). Manténgase en contacto. Y comparta nuestros recursos:
Video: A la Deriva: la lucha contra pesticidas tóxicos
Guías explicativas: ¿Qué son los pesticidas y cómo afectan su salud?
Lea más: ¿Qué son los pesticidas?
Infografías: ¿Qué son los pesticidas y cómo afectan su salud?
Descarga la infografía aquí:
Infografías: ¿Qué es el glifosato y cómo afecta la salud?
Descarga la infografía aquí: