Op-Ed: Oro negro y líneas coloradas

Líneas rojas e injusticia ambiental 

Las comunidades de color y de bajos ingresos en los Estados Unidos enfrentan varios problemas ambientales que las afectan desproporcionadamente. Muchos de estos problemas se originan en las históricas políticas discriminatorias promulgadas por agencias gubernamentales locales, estatales y federales. Una de esas políticas se conoce como línea roja y fue promulgada por la Corporación Federal de Préstamos para Propietarios de Viviendas (Home Owners’ Loan Corporation en inglés) con la intención de estabilizar el negocio inmobiliario durante la Gran Depresión en los años 1930. Funcionarios federales calificaron y mapearon sus percepciones de los riesgos financieras en los vecindarios de las ciudades a lo largo de los Estados Unidos. Los vecindarios compuestos principalmente por residentes Afroamericanos, inmigrantes o de bajos ingresos se consideraron “peligrosos” o “definitivamente en declive” y se demarcaron en rojo mientras que las comunidades más blancas y ricas se consideraron “mejores” o “aún deseables.”

Un estudio publicado en 2018 reportó que por lo menos algunos funcionarios federales de la Corporación de Préstamos para Propietarios de Vivienda consideraron específicamente la composición racial de los vecindarios y la presencia de pozos petroleros al tomar decisiones sobre la línea roja en Los Ángeles. Estas decisiones pueden haber influido en la ubicación de futuras perforaciones de petróleo y gas. Los funcionarios dieron la calificación más alta a un vecindario en Los Ángeles con residentes predominantemente blancos cerca de pozos petroleros después de que los líderes locales acordaron imponer “restricciones raciales a perpetuidad” para mantener el vecindario blanco y al mismo tiempo prohibir futuras perforaciones de petróleo y gas. En nuestro nuevo estudio observamos que los vecindarios que ya tenían pozos eran más propensos de ser demarcados en rojo y, posteriormente, los vecindarios marcados en rojo eran más propensos de tener nuevas perforaciones de petróleo y gas.

En la actualidad, estos legados aún permanecen. Las familias que se han quedado en vecindarios marcados en rojo a lo largo de varias generaciones todavía sufren las consecuencias para sus ambientes y para su salud. Varios estudios muestran que los vecindarios históricamente marcados en rojo tienen peor calidad del aire, menos acceso a parques y mayores riesgos de islas de calor urbana, así como también niveles elevados de enfermedades cardiovasculares, hospitalizaciones por asma, parto prematuro, y otras enfermedades.

Aunque es posible que estas diferencias no sean directamente atribuibles a la línea roja, esta política discriminatoria las codificó y aceleró a través de la desinversión en vecindarios que ya tenían problemas económicos. Esta desinversión ha determinado las ubicaciones actuales de los peligros ambientales y los asociados riesgos para la salud. En términos de producción de petróleo y gas, varias investigaciones muestran que la perforación y operación de los pozos petroleros contamina el aire y aumente el riesgo de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, depresión, parto prematuro y de bajo peso.

Reemplazo del Petróleo y el Gas

En California, los legisladores, los residentes afectados y los activistas están discutiendo cómo proteger a las comunidades y los trabajadores de los impactos de las operaciones cercanas de petróleo y gas. Opciones incluyen la limitación de nuevos permisos de perforación y el establecimiento de zonas de seguridad entre los pozos activos y viviendas,\escuelas, parques, y zonas comerciales. Mientras los líderes del estado buscan reducir y eliminar la producción de petróleo y gas y prohibir la perforación en vecindarios residenciales, deberán tomar en cuenta los efectos persistentes de la línea roja histórica en la calidad ambiental de las comunidades de color.

La historia racista y los efectos desiguales de los pozos para la salud hacen necesario que los líderes gubernamentales involucren a las comunidades cercanas para reducir la exposición y proteger al bienestar de los residentes. También requieren la expansión de programas como el de Inversiones Climáticas de California, un programa que ha invertido más de $4500 millones en proyectos transformadores de justicia ambiental que abordan el cambio climático, incluyendo programas de energía renovable. También la Iniciativa Justicia40 de la Administración Biden, basada en el programa de California, requeriría que al menos el 40% de las inversiones federales en proyectos de mitigación del cambio climático y energía limpia beneficien a las comunidades de justicia ambiental.

La crisis climática está empeorando al mismo tiempo que las cadenas de suministro de energía se están deteriorando debido a las tensiones globales como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Todos estos eventos dejan en claro la necesidad urgente de que los Estados Unidos se aleje de la producción de petróleo y gas y se centre en las fuentes de energía renovables. Acelerando la transición energética también ayudaría a promover la justicia ambiental para aquellas comunidades que han sufrido debido a la producción del petróleo y el gas.

David J.X. González es un Becario Posdoctoral de la Fundación Ford y de la Universidad de California y Rachel Morello-Frosch es una profesora en la Escuela de Salud Pública y en el Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales en la Universidad de California, Berkeley. Morello-Frosch también es miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.

Fotografía del encabezado: Los estudiantes y profesores de derecho de la UCLA participaron en un recorrido tóxico por Wilmington, CA, un vecindario predominantemente latino rodeado por el puerto de Los Ángeles, la industria pesada y un campo petrolero en 2019. (Crédito: Emmett Institute/flickr)